El miércoles pasado, el Instituto Nacional Electoral aprobó los dictámenes y resoluciones sobre los ingresos y gastos de partidos y candidatos durante las campañas electorales de los seis procesos en marcha en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. El INE revisó 276 informes de 226 candidaturas de partidos y cuatro independientes. En su conjunto, las candidaturas reportaron ingresos por 630 millones 308 mil 647 pesos y gastos por 624 millones 241 mil 713 pesos.
El monto de sanciones impuestas por infracciones diversas ascendió a 78.9 millones de pesos, 88 por ciento a partidos nacionales, 11 por ciento a partidos locales y 1.0 por ciento a candidaturas independientes. Del monto total, 66 por ciento corresponde a los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional. Son cuatro las conductas infractoras más recurrentes: gastos no reportados, obstaculización a las actividades de fiscalización de la autoridad, gastos no comprobados y gastos de apoyos a representantes de casilla no reportados.
Pese a que diversas voces sostienen que la revisión realizada indica que partidos y candidatos cumplieron reportando sus ingresos y gastos, el problema concreto sigue siendo que la fiscalización es uno de los componentes más importantes y complejos del sistema electoral. Y si bien la autoridad reporta avances significativos para detectar gastos que se realizan en campañas, e incluso múltiples prácticas de simulación para ingresar recursos o para comprobarlos, el hecho es que la fiscalización centra sus esfuerzos en la revisión del dinero bancarizado, el que de manera formal, documentada y comprobable usan los partidos conforme a las reglas que el sistema les impone, pero queda siempre abierta la franja del dinero que circula en efectivo, del que no se tiene conocimiento ni precisión sobre su origen, monto y destino.
La fiscalización se incorporó para tutelar la rendición de cuentas y la equidad en las campañas, para garantizar el cumplimiento de normas que imponen modalidades de ingresos y formas de gasto, siendo vital en la competencia electoral. Sabemos que con diseños eficaces que establezcan mecanismos de control y sanciones, se logrará una democracia más equitativa y condiciones adecuadas para el acceso a los cargos públicos que se originan en las elecciones.
El sistema electoral pone especial énfasis en la fiscalización de los procesos electorales, en especial, a partidos y candidatos durante las campañas, porque son entidades del máximo interés del Estado mexicano que contribuyen a mantener activa la participación democrática de la ciudadanía y porque reciben finacimiento con recursos públicos que deben servir para nuestro desarrollo político y ser auditados en todo momento.
Desde otra perspectiva, la fiscalización se realiza para preservar la confianza ciudadana en los mecanismos de la democracia representativa, para protegerlos de intereses ilícitos que patrocinen, impongan o creen condiciones de subordinación de quienes obtengan la mayoría en las urnas frente a quienes aporten recursos de manera ilegal y excesiva.
Coincido en que hay logros significativos en la auditoría a las finanzas de partidos y a los recursos que ingresan y se aplican durante las campañas; quedan, sin embargo, asignaturas pendientes para detectar el circulante en efectivo, conocer su procedencia y atajar sus demoledoras consecuencias. La auditoría partidaria requiere, también, una revisión de otros componentes como los topes de gastos de campaña que son entre absurdos e ineficaces y diversos plazos para su ejecución y la tramitación de los medios de impugnación.