El inicio formal de la negociación entre grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para la reforma electoral abrió una avenida peligrosa que podría llevarnos a retroceder en diversos componentes del sistema electoral mexicano. Mi opinión es coincidente con la de muchos otros analistas: la reforma que se pretende es regresiva y podría lesionar aspectos esenciales del modelo que hoy permite celebrar elecciones imparciales, creíbles y auténticas.
Si consideramos el entorno, es mejor no mover reglas que regulan los comicios y sus instituciones. No existe voluntad ni condiciones políticas para hacer cambios que fortalezcan, todo lo contrario, por lo que se observa, se perfilan ajustes para debilitar al aparato electoral e incluso para anularlo como garante de cancha pareja y de elecciones limpias. El eje de la deliberación sigue siendo la iniciativa del presidente de la República, que busca normas y árbitros a modo para 2023 y 2024; el argumento de la austeridad, siendo importante, no esconde el propósito real de recuperar el control de las autoridades electorales y de suprimir instituciones que hoy son incómodas para el oficialismo.
Lo que queda de la alianza opositora aceptó negociar con Morena y sus aliados para encontrar puntos de acuerdo en la materia, algo que no se había visto en lo que va del sexenio y que sería saludable, a no ser porque diversas voces del PRI, dejaron entrever que coinciden con la transformación del INE y la posible supresión de los organismos electorales locales y porque es clara la nueva alianza de una parte del PRI con Morena que ya cristalizó en modificaciones constitucionales para ampliar el plazo de militares en tareas de seguridad pública.
El escenario es adverso para una reforma electoral incluyente, que considere racionalmente propuestas, diagnósticos y opiniones de todos los actores y de los organismos electorales, pese al ofrecimiento de Morena de considerar todas las aportaciones recibidas en los foros organizados por la fracción mayoritaria y por ‘Va por México’. De entrada, Movimiento Ciudadano ha decidido no participar en las negociaciones.
Múltiples factores también generan tensión y modificarán el supuesto entusiasmo para construir el consenso que solo está en el discurso público y que difícilmente se materializará. No olvidemos que está en puerta el inicio de los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México, para los que se construye una alianza local, casi al margen de los humores de los líderes nacionales de PAN y PRI que ocupan su tiempo en otros temas, como las pasarelas de aspirantes a la candidatura presidencial.
El activismo del secretario de Gobernación será tan determinante como lo fue para lograr la reforma que militariza al país y que le sirve como campo de batalla y como plataforma en sus afanes por alcanzar la candidatura de su partido. Igual están los recientes desencuentros entre la gobernadora de Campeche y el senador Ricardo Monreal.
No hay un escenario propicio para incorporar cambios al sistema electoral que resulten saludables. Necesitamos tener conciencia de los riesgos que se corren y de activar los mecanismos de defensa que resulten pertinentes, siempre en el marco de la ley y con el peso de los argumentos. Los legisladores de oposición están obligados a defender nuestro patrimonio democrático, de la misma forma como lo estamos todas y todos los ciudadanos.