Morena presentó su dictamen para reformar la Constitución en materia electoral. Se trata de un documento de 938 páginas que reproduce la iniciativa presentada en abril pasado por el presidente de la República, pese a que en su contenido describe las 62 iniciativas de partidos políticos y diversos legisladores. El proyecto, revestido de cierta formalidad en las comisiones respectivas, es fiel al consagrado principio de que ni una coma se toca, por lo que su redacción omite la intervención de las y los diputados opositores y acentúo su rechazo.
El titular del Ejecutivo reconoció que la reforma constitucional no tiene viabilidad y al no lograr las mayorías calificadas detonó la idea del ‘plan B’. Su proyecto para desaparecer al INE y modificar otros aspectos sustanciales del régimen electoral mexicano murieron paulatinamente y recibió la estocada final con la multitudinaria marcha del domingo 13, por más esfuerzos que desplegaron desde el gobierno para minimizar y evadir sus impactos.
Hay múltiples señales que indican cómo el oficialismo hizo todo lo posible para que la reforma no prosperara, ahí está el discurso constante del presidente dañando al INE y exhibiéndolo como una institución proclive al fraude electoral y muy costosa para la sociedad mexicana, los ataques reiterados a los opositores y la irracional descalificación a quienes decidieron expresarse en contra de la reforma en defensa del INE y de la democracia que está en peligro.
Si la oposición cumple lo que sus dirigencias han señalado, esta semana la reforma electoral a la Constitución será rechazada como consecuencia lógica de que la mayoría decidió no negociar con la oposición, no escuchar la opinión de autoridades electorales y los diagnósticos técnicos presentados por distintos especialistas. En cambio, defiende, la propuesta surgida desde el poder en el último tramo del sexenio y no desde la oposición como ocurrió en los últimos treinta años.
La reforma propuesta por el oficialismo busca disminuir y controlar a la autoridad electoral comparando absurdamente los presupuestos que requiere para el ejercicio de sus atribuciones con los de otras instituciones públicas que realizan actividades diferentes. Al abandonar la ruta de la negociación como fórmula eficaz para hacer política, la mayoría morenista irá por modificar diversos aspectos en leyes secundarias que dañarán las capacidades del INE para organizar elecciones.
Es la fórmula ensayada en la Ciudad de México donde modificaron la ley local y desaparecieron áreas operativas del Instituto local. Buscarán modificaciones a leyes secundarias y, por esa vía, subsumir direcciones ejecutivas que cumplen actividades distintas pero fundamentales para la logística electoral, cercenar al servicio profesional electoral que es la principal garantía de eficacia operativa y técnica de la institución y generar nuevos recortes a sus recursos.
Lamentable que el presidente y su partido hayan perdido la oportunidad para impulsar a tiempo una reforma por consenso, que incluya la visión de todos y fortalezca a la democracia mexicana. Su afán por controlar al árbitro y someter a una institución que les resulta incómoda por aplicar la ley evitará cumplir el propósito de disminuir costos de la política, dejará a los partidos con una fórmula blindada para obtener su financiamiento y a los servidores públicos con huecos en la Constitución y en la ley para desequilibrar la competencia e inclinar la cancha en favor de las candidaturas de Morena.