Mientras la batalla legal en contra del plan B sigue su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 4T envió nuevos misiles con el plan C en voz del presidente, que pide no votar por los partidos de oposición y los grupos parlamentarios unidos en la Cámara de Diputados que arroparon el plan D morenista, con la honrosa negativa de Movimiento Ciudadano, que se mantiene firme en defensa de la institucionalidad democrática.
Llama la atención que la iniciativa de reformas constitucionales, para acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya sido acompañada por PAN, PRI y PRD, cuando en el pasado reciente firmaron y anunciaron un acuerdo de moratoria a reformas constitucionales ya incumplido por el PRI y ahora por los tres, aunque por el momento haya quedado como un intento que pareciera descarrilarse ante la reacción social que motivó la desaprobación de un número importante de legisladoras de todos los partidos, incluido Morena.
La iniciativa no debe pasar desapercibida porque evidencia el tamaño de la reacción y los alcances de la 4T, y en este caso de Va por México, en contra de un organismo jurisdiccional especializado en la materia electoral que ha emitido sentencias que consideran invasivas de los ámbitos de competencia del Poder Legislativo, como fue el caso reciente de las reglas que Morena impuso para la selección de las y los consejeros electorales, modificadas por el Tribunal para garantizar transparencia y hacer viable la ocupación de la presidencia del INE por una mujer. También están en trámite temas como la ampliación de plazos en las dirigencias del PRI y de Morena, entre muchos otros temas.
Preocupan las propuestas contenidas en la iniciativa porque buscan restar capacidad interpretativa al Tribunal en materia de acciones afirmativas determinando que solo podría resolver conforme a la literalidad de la Constitución o de la ley, solo lo que ellos pongan y nada más; que no intervenga en asuntos de vida interna partidaria, salvo lo que expresamente digan las normas, dejando, en cambio, amplias facultades de los propios partidos para garantizar la paridad de género y donde reglas como las impuestas por el INE y el Tribunal para que los partidos postulen mujeres en lugares donde tengan posibilidades de ganar, quedarían a su libre autodeterminación.
Sería el Congreso, o sea, los grupos parlamentarios de los partidos, la única instancia para regular sobre acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables; mientras que el Tribunal sería árbitro solo en los temas que le faculten las leyes electorales, en tanto que los diferendos que por temas electorales pudieran surgir entre el Congreso y sus órganos de gobierno serían resueltos por la Corte por la vía de las controversias constitucionales.
Se trata de un intento de reforma regresiva en materia de derechos políticos de grupos vulnerables, que reforzaría el blindaje partidario y debilitaría al Tribunal, convirtiéndolo en un órgano que repita la letra de la ley, pero sin facultades para interpretarla con una visión progresista para ampliar derechos.
Bien por el grupo de legisladoras que detuvieron la iniciativa en este round junto con MC, bien por las y los diputados panistas que se retractaron en voz de su líder y reconocieron el error; mal por Va por México, que dio pasos atrás en su relación con la sociedad que se manifestó el 13 de noviembre y el 26 de febrero.
El autor es profesor en UP y UNAM, especialista en materia electoral.