El jueves pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el convenio del Frente Amplio por México (FAM), luego de revisar el debido cumplimiento de los requisitos legales. Se trata de una figura que permite la participación de partidos políticos que plantean la consecución de objetivos políticos y sociales de índole no electoral y que en el entorno actual constituye la herramienta legítima, entre otros propósitos, para seleccionar a la persona responsable de construirlo.
La autoridad fue enfática en señalar que los partidos que convergen en el Frente deberán apegarse al marco legal y constitucional existente, así como a las restricciones que la resolución detalla, pero dejando abierta la posibilidad de acceder a los tiempos en radio y televisión que tienen asignados para difundir, con publicidad genérica, las actividades que se realicen, mientras ésta no incluya llamados al voto, referencias a procesos electorales o promoción de alguna persona con aspiraciones electorales.
Más allá de la figura legal del Frente, es pertinente reflexionar sobre otros aspectos que animan su construcción y que fueron expresados por los partidos que lo integran en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana y para modificar el funcionamiento de los aparatos administrativos de los gobiernos que en sus diversos niveles deberían presentar rendimientos más adecuados en la atención a la problemática social, conforme a una agenda que procure el bien común.
Una característica fundamental del FAM radica en la inédita alianza de diversas organizaciones ciudadanas que convergen con los partidos en diagnósticos sobre la realidad de nuestro país y que buscan generar un ambiente distinto al clima de polarización existente, producto de la política seguida por el grupo gobernante que se ha empeñado en dividir al país en liberales y conservadores, como si estuviéramos en el siglo XIX.
Esa alianza también debe analizarse como una posibilidad para impulsar un obligado reencuentro de los partidos políticos con la sociedad, con el compromiso de asumir causas y demandas que no atendieron en el pasado y que hoy obliga a su rediseño, tanto de su vida interna como de sus estrategias de acción política y de gobierno.
Siendo una alianza inédita en la historia política reciente de México, el ejercicio organizado por el Frente contiene diferencias centrales con las actividades que desarrolla el oficialismo. De entrada, el periodo contemplado para concretarlo no es de más de dos años como en la alianza morenista, si nos remontamos a junio de 2021 cuando el presidente habló por primera vez de sus ‘corcholatas’. En este caso se trata de ocho semanas contadas desde la publicación de la invitación que contiene las bases y hasta el 3 de septiembre.
Otros rasgos distintivos están en la conformación de un Comité Organizador, al que fuimos invitados siete especialistas sin vinculación partidaria para orientar el mayor apego a la ley; en este ejercicio habrán de recabarse 150 mil simpatías de apoyo ciudadano por cada uno de los doce aspirantes, sin despliegues territoriales ni campañas de difusión en bardas, espectaculares o redes sociales; habrá foros de debate que fueron prohibidos para los aspirantes oficialistas; y también encuestas y votación sobre una lista previa de participantes que tienen asegurada la protección de sus datos personales.
El compromiso está en buscar el mejor blindaje legal para las actividades del FAM, así como el mayor involucramiento de la ciudadanía de todos los segmentos sociales. Las autoridades electorales, con sus determinaciones, avalaron la legalidad de este esfuerzo, cuyos gastos, por un principio elemental de transparencia y rendición de cuentas deben ser auditados y reportados al INE.
El autor es profesor en UP y UNAM, especialista en materia electoral.