Incumplir mandatos constitucionales, legales, sentencias o resoluciones de autoridades electorales constituye una práctica cotidiana y reiterada del presidente de la República. Después de sus disputas con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador ha orientado los misiles en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, quien recurrentemente le gana por vías institucionales, lo mismo sobre derecho de réplica o con los recientes temas de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG).
Los días 10, 17 y 18 de julio, la senadora interpuso ante el INE denuncias específicas en contra del presidente y de otros servidores públicos, por diversas expresiones que pueden constituir VPMRG. En un primer momento, el 20 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por mayoría de votos declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas, decisión que fue recurrida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que revocó una parte de la resolución de la Comisión, al considerar que en diversas mañaneras sí existen expresiones del primer mandatario que podrían ser constitutivas de VPMRG.
La sentencia del Tribunal, propuesta por el magistrado José Luis Vargas, es relevante porque reconoce “que en las conferencias de prensa matutinas celebradas los días 10, 11, 14 y 17 de julio se emitieron expresiones con elementos de género que, preliminarmente, pudieran dirigirse a la recurrente por el hecho de ser mujer…” En concreto, dichas expresiones son las siguientes: “fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto... la van a utilizar para engañar al pueblo...Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo... Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar... Los medios de comunicación solo hablan bien de ella por órdenes de tal grupo de hombres”.
Por supuesto que se trata de señalamientos constitutivos de VPMRG, más claro ni el agua. También lo es que el presidente, conociendo la sentencia del Tribunal decidió no solo incumplir mandatos similares anteriores que le establecen restricciones precisas para no hablar de procesos electorales, no denostar a los partidos opositores o la propia senadora, pues volvió a reproducir parte de sus declaraciones en una mañanera subsecuente.
Es inaceptable que el primer mandatario infrinja por sistema la Constitución y pase por encima de mandatos de las autoridades electorales y que deliberadamente incumpla la primera obligación de un servidor público: cumplir los mandatos de la ley y poner en peligro al Estado de derecho.
También es preocupante el comportamiento complaciente de dos consejerías de la Comisión de Quejas, cuya actuación se suma a los comportamientos exhibidos desde la presidencia de la institución. La pregunta es: ¿su determinación hubiera sido igual si se tratara de una mujer afín a la cuarta transformación?
Vivimos un escenario peligroso en la antesala de los procesos electorales concurrentes de 2023-2024, donde se requiere un INE fuerte, que impulse un arbitraje imparcial y sin titubeos, habida cuenta de lo problemático que sería si los resultados electorales no favorecieran a la alianza gobernante. Tenemos lecciones cercanas en el continente cuando los mandatarios pretenden desconocer los resultados, sirve voltear la mirada a Brasil o a los Estados Unidos.