La iniciativa cuyo proceso legislativo está en curso en la Cámara de Senadores para expedir una nueva Ley General de Población, revive una discusión añeja sobre la viabilidad del Registro Federal de Electores y sus instrumentos, el padrón, los listados de electores y la credencial para votar con fotografía, bajo la administración del Instituto Nacional Electoral (INE).
El proyecto plantea que cuando una persona se incorpore al Registro Nacional de Población se le asignará una clave, “la cual contendrá la fotografía del rostro y se denominará CURP con foto, cuya constancia tendrá el carácter de documento oficial de identificación…”. También se prevé que “Las y los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener CURP con foto… (la cual será) un documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad… (además de que) tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero”.
Visto desde la perspectiva de ejemplos en otros países, parecería que el cambio ofrece más ventajas que desventajas, a la par que resolvería la emisión del documento oficial de identidad de los mexicanos y las mexicanas menores de edad. Pero en México, el problema de un cambio de esta naturaleza da cauce a la demolición progresiva y en corto plazo de los instrumentos electorales que, desde hace más de tres décadas, son la columna vertebral de la organización imparcial de las elecciones federales y locales, además de que la actual credencial se ha convertido en el mecanismo más importante de identificación para los mayores de edad inscritos en el padrón que hoy suman más de 98.5 millones.
En el pasado ha habido diversos intentos para, incluso, trasladar la base de datos del Registro Federal de Electores, a alguna instancia de los gobiernos en turno. La autoridad electoral sostuvo, una y otra vez, que ya existe un documento de identidad ciudadana y que ese documento es la credencial para votar con fotografía asociada a datos biométricos; que ya existe un registro a cargo de una institución del Estado que es el INE y que emitir otra credencial distinta sin un diagnóstico racional, generaría riesgos considerables, no solo porque expertos y organismos responsables de la protección de datos recuerdan siempre que con biométricos no es recomendable flexibilizar su consulta o tomar por varias vías un mismo registro, también por el enorme gasto que implica duplicidad de esfuerzos y padrones, así como por ejemplo, la afectación en el número de personas que actualizarían su credencial para votar si tuvieran que tramitar un documento adicional para identificarse.
Vuelvo a sostener que sería un error poner a competir dos credenciales y realizar un gasto inútil para construir y depurar dos bases de datos ciudadanas distintas en manos del mismo Estado; los cambios legislativos propuestos, en el corto plazo, desactualizarían al padrón electoral hasta volverlo inviable y entonces, por la vía de la CURP con foto, podrían volver los problemas de confianza que hoy hemos superado porque las listas de quién puede y quién no puede votar nuevamente se irían a la órbita del gobierno en turno.
Urge la posición institucional y diagnósticos técnicos del INE ante el activismo gubernamental y de sus mayorías parlamentarias que, ante la imposibilidad de lograr reformas constitucionales, ha encontrado, por la vía de ajustes a las leyes secundarias, la posibilidad de imponer reformas regresivas como pudo ocurrir con el plan B electoral. Hay otra solución: otorgar facultades y recursos al INE para potencializar su base de datos y emitir una credencial única que incluya a los menores de edad.
El autor es profesor en UP y UNAM, especialista en materia electoral.