El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vive otro conflicto que podría derivar en la remoción de su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón. Sería la tercera ocasión que, con la actual integración, una presidencia no concluye el periodo para el que se designa. Primero fue el lamentable e inaudito caso de la magistrada Janine M. Otálora, que fue objeto de presión por factores externos y de su entonces par, José Luis Vargas, a propósito de la votación dividida por la decisión que confirmó el triunfo de la gobernadora Martha Erika Alonso en Puebla; luego fue el caso del propio exmagistrado Vargas, acusado de sostener vínculos con el actual gobierno y una relación tensa e inadecuada con las demás magistraturas que optaron por removerlo.
El tema es de la mayor relevancia y podría tener consecuencias terribles para el arbitraje imparcial de los procesos electorales en curso. Se trata de la institución que tiene a su cargo el control de la legalidad de actos de autoridades electorales como el INE, la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía y las impugnaciones que presenten partidos políticos y coaliciones. Será el TEPJF quien califique la elección de la primera mujer presidenta de este país, determine la validez de las elecciones en nueve gubernaturas y de resolver muchos otros temas, tan importantes como complejos.
Así que el argumento de la pérdida de confianza ventilado públicamente debe procesarse y resolverse en las instancias internas del Tribunal, que ahora está en el ojo del huracán. El país exige altura de miras para resolver la crisis que se vive, será el diálogo y hasta el ofrecimiento de disculpas, la vía más adecuada para superar los agravios, pero para ello hace falta voluntad para dialogar y construir, de cada magistratura y de su presidente, sin perder de vista que las diferencias internas lastiman también la imagen y la confianza que, a su vez, actores y ciudadanos tienen en la institución.
El Tribunal, como el INE, es una construcción colectiva, un patrimonio de la democracia electoral mexicana, responsable de garantizar que los procesos electorales se desarrollen con apego a los principios constitucionales que los rigen, pero también es un organismo constitucionalmente independiente y autónomo. La crisis interna también lo debilita ante la hipótesis del posible intervencionismo de actores políticos externos, lo cual sería inaceptable, ni del oficialismo invasivo de López Obrador ni de la oposición.
Las crisis internas se han vuelto una característica en el funcionamiento de un Tribunal que ya está mermado por la falta de dos magistraturas no designadas por los senadores y que necesita recomponerse para afrontar las tareas que le corresponden. La problemática que vive lo vuelve inoperante e ineficaz para cumplir su función, pero igual lo convierte en presa fácil de intereses políticos que lo acechan permanentemente y que siempre quieren obtener beneficios.
Quienes hemos participado en el servicio público sabemos que las instituciones no son propiedad de quienes temporalmente las ocupan, que la principal responsabilidad es cumplir con apego a la ley la función encomendada. En los órganos colegiados no es una sola voz la que conduce y decide, es la mayoría o la unanimidad en las votaciones la que prevalece, precedida de una deliberación transparente y respetuosa. El arbitraje imparcial de los procesos electorales en curso exige que las magistraturas del TEPJ resuelvan sus diferendos de cara a la sociedad y sin estridencias.
El autor es profesor en UP y UNAM y especialista en materia electoral