En tiempo récord, con el pretexto de trasladar las elecciones judiciales a 2028, la coalición gobernante aprobó reformas que distan de incorporar mejoras al sistema electoral mexicano y cuyo propósito encubierto fue imponer cambios constitucionales y a leyes secundarias que colocan un blindaje nivel 7 a las candidaturas del oficialismo, con disposiciones ultrareforzadas para cerrar vías de acceso a los opositores, cuya aplicación estará a cargo de autoridades afines al gobierno morenista.
En uno de los extremos, crean una Comisión de Integridad de Candidaturas con tres consejerías del INE que recibirá la lista de aspirantes que voluntariamente entreguen los partidos para turnarla a las instancias de investigación del gobierno federal, además de la CNBV, si detectan “un riesgo razonable”, sin decir cuál o en qué consiste; lo informan a la Comisión; ésta transmitirá los datos a los partidos, quienes se reservan el derecho de registrar, o no, la candidatura. Bajo ese esquema, el INE guardará silencio y se convertirá en cómplice de situaciones como las ocurridas en las presidencias municipales citadas por la presidenta o, en otros escándalos similares al de Rocha Moya, invisibilizado en la misma mañanera.
Por otro lado, se incorporó en la Constitución una causal de anulación por injerencia extranjera que aún requiere de normas secundarias y cuya aplicación estará lista para la contienda presidencial de 2030, pero que avanza como un pretexto para anular las elecciones que no les favorezcan. Es otra manera de blindar la conservación del poder y de responder a Estados Unidos, que exige la extradición del exgobernador de Sinaloa; el objetivo es evidente: eternizarse en el poder sin importar que el voto no les favorezca.
El cerco autoritario y antidemocrático del oficialismo parte del tamizaje de candidaturas y, si los partidos opositores se niegan, serán exhibidos desde la mañanera y acusados de colusión con el crimen organizado y de traición a la patria; pero si pierden las contiendas como resultado de la caída de las preferencias electorales que ya reflejan diversos ejercicios demoscópicos, tendrán la esquizofrénica causal de anulación por injerencia extranjera, que podría materializarse de cualquier forma: mensajes en redes sociales, una declaración de Trump o de cualquier otro agente extranjero, cuya determinancia para el resultado de las elecciones será valorada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Justo, para cerrar con broche de oro la trampa electoral, en el nivel más abusivo del ejercicio del poder, el oportunista diputado Sergio Gutiérrez Luna introdujo la posibilidad de que las magistraturas que garantizaron la sobrerrepresentación y legalizaron el uso de los acordeones en las elecciones judiciales, entre otras decisiones que sentenciaron a muerte la democracia mexicana, participen en 2028 para perpetuarlos en sus cargos, traicionando la reforma que la propia Claudia Sheinbaum soslaya, por la cual pretende erradicar la reelección.
Queda para la historia la severa crítica del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien se opuso a la propuesta y la calificó como un “soborno a los jueces” y una “vergüenza nacional” que atenta contra los principios de su movimiento. Subrayó la postura de Morena en contra de la perpetuación de “castas” en el sistema judicial, buscando garantizar la independencia. Se registra, también, la votación de la mayoría que impuso un cernidor de candidaturas dirigido a los opositores, establece la anulación por injerencia extranjera y eterniza una integración cómplice del tribunal electoral.