En cualquier país del mundo, la inversión en infraestructura es un tema estratégico, porque genera desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la competitividad regional, nacional e internacional.
La infraestructura es el elemento detonador del crecimiento, porque a la vez que provee a las empresas de servicios importantes como energía, carreteras, ferrocarriles, comunicaciones, servicios hidráulicos, etcétera, también genera ingresos por sueldos y salarios permanentes y temporales a las familias, acelerando el círculo virtuoso del desarrollo
En la historia moderna de México, no se ha realizado un esfuerzo coordinado y coherente para generar un plan de infraestructura integrador, que genere la expansión necesaria del sistema nacional de transmisión eléctrica; el sistema nacional de ductos; la red federal carretera; el sistema ferroviario nacional; los puertos; los cruces fronterizos; el sistema hidrológico nacional; la infraestructura turística; las telecomunicaciones, entre otros.
Una de las condiciones para que México pueda alcanzar su máximo potencial es acelerar la inversión nacional y extranjera en los sectores que detonen el crecimiento sostenido y sustentable. Debido a que la infraestructura demanda grandes cantidades de recursos y los efectos sobre el nivel de crecimiento y desarrollo se concretan en el mediano y largo plazo, es necesaria la generación de un marco jurídico y regulatorio que provea al país de un programa de inversiones en infraestructura equilibrado, rentable, y sostenible, con un mecanismo integral y transparente para su planeación y ejecución.
Cuando el Estado mexicano asume el rol de promotor de proyectos de infraestructura, debe sujetarse irrestrictamente a la ley, cuyo diseño, aún con deficiencias, ha evolucionado en cerrar espacios de discrecionalidad y corrupción en la ejecución de la obra pública para el desarrollo de la infraestructura. Los tres niveles deben asegurarse, por ley, que sus proyectos de infraestructura sean socioeconómicamente justificados y rentables, técnicamente factibles, ambientalmente sustentables y jurídicamente viables. En otras palabras, pocos sectores de la economía admiten menos los “otros datos” como el sector infraestructura.
Para darle viabilidad, estabilidad y expansión ordenada al sector infraestructura en México, las inversiones en el sector deben realizarse apegadas al Estado de derecho y a las normas a las que están sujetos el gobierno, las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, aunque la normativa actual para el desarrollo de la infraestructura está plenamente regulada en la mayoría de las dependencias de los tres niveles de gobierno, nuestro marco institucional aún permite excesos que deben eliminarse por el bien del sector y del país.
El atropellado proceso de inversión de las obras insignia de esta administración, ha evidenciado que México aún sufre de marco jurídico e institucional débil para el adecuado desarrollo del sector infraestructura.
Se han observado errores como ausencia de planeación; selección discrecional de proyectos; procesos de consulta ilegítimos y amañados; estudios de preinversión sesgados; falta de análisis financiero y de rentabilidad; proyectos ejecutivos ausentes o hechos al vapor; falta de gestión de derechos de vía; desastres ecológicos; aplazamiento de metas; ciclos de obra forzados e inestables; dispendio presupuestal; nula rendición de cuentas; comunicación engañosa; opacidad total, etcétera.
Si México aspira a hacer de su sector infraestructura uno de sus motores de desarrollo, como en la mayoría de los países, debe aspirarse a un marco jurídico, institucional y regulatorio que promueva la transparencia, la eficacia, la eficiencia y sobre todo la responsabilidad e involucramiento de todos los actores del sector.
Todos los esfuerzos que se han hecho anteriormente para generar una estrategia integral del sector infraestructura en México, deben derivar en una Ley Nacional de Infraestructura. Esta legislación debería partir de una reforma constitucional que brinde certidumbre jurídica y aplicación de criterios uniformes en el país para el desarrollo de la infraestructura.
La aspiración de una ley, como la propuesta, es dar certidumbre al ciclo de inversión en el sector infraestructura a través de criterios uniformes de análisis de preinversión, factibilidad financiera y socioeconómica, criterios técnicos internacionales, transparencia y rendición de cuentas, calidad y medición de metas y resultados, responsabilidad ambiental, eficiencia presupuestal, priorización sectorial e intersectorial, equilibrio regional, incorporación y apego al mantenimiento y conservación de la infraestructura y, sobre todo, una visión integral de la infraestructura en México.
Nuestros líderes políticos saben que el sector infraestructura es prioritario para México y deben brindarle urgentemente un nuevo marco jurídico e institucional, y asimilar que la ciencia no puede descansar en OTROS DATOS, así estos provengan del titular del Ejecutivo.
