Las democracias representativas modernas, como la que aún tenemos en México, surgieron del diseño de la polis de la antigua Grecia, unidades políticas y administrativas independientes, conocidas como ciudad-estado.
En su análisis de las formas de gobierno, Aristóteles establece tres elementos de un estado funcional: El primero es la asamblea general, que delibera sobre los negocios públicos, equiparable al Poder Legislativo actual; el segundo, el cuerpo de magistrados, equiparable al Poder Ejecutivo y, por último, el cuerpo judicial.
Sin embargo, la teoría de la división de poderes se le adjudica a Montesquieu que, al hacer una apología del sistema de gobierno inglés y alemán, advertía de los peligros a la libertad de concentrar el Poder Legislativo y Ejecutivo en una sola persona o cuerpo de gobierno, porque se podrían hacer leyes para ejecutarlas tiránicamente, por lo que la potestad de juzgar debe estar separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Establece también Montesquieu que, si el juez está ligado a la potestad legislativa, su poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; y si estuviera ligado a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un OPRESOR. La “reforma judicial” impulsada por la 4T contraviene la teoría política y revela un populismo evidente, al basar su reforma al poder a favor de una concentración de este en la Presidencia de la República.
Desafortunadamente, la reforma judicial llega en un momento en que ya se presentan señales de desaceleración de la economía mexicana, ante la debilidad de la demanda interna. El consumo agregado se ubica por debajo del arranque de enero de este año.
Por otro lado, el empuje del gasto en inversión en el crecimiento de 2023 se disipa, ya que el sector construcción ya no registra el empuje de los proyectos emblemáticos de la 4T en 2023; y tanto el sector público como privado han reducido su gasto en inversión fija bruta.
En este contexto, la mayoría de las instituciones financieras han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía mexicana para 2024-2025 de alrededor de 2.5 a 1 por ciento. Cabe señalar que la previsión de crecimiento podría reducirse a alrededor de 0.5 por ciento anual como consecuencia del impacto de la reforma judicial cuando entre en funciones.
Ahora bien, ¿qué retos se vislumbran para el sector infraestructura al contar con un Poder Judicial sujeto al poder político?
En primer lugar, por su naturaleza material y física, el sector infraestructura está sujeto a la ciencia y el sector se rige por las leyes de la física, hidrología, geología, materiales, estructuras, ingeniería, análisis científico, y un riguroso sistema de revisión de parámetros que no pueden regirse por ideologías o sentimientos. Si el Poder Judicial está sujeto al poder político, sus criterios para impartir justicia pueden alinearse a criterios electorales y desvincularse de los criterios científicos que rigen al sector infraestructura
En segundo lugar, el sector infraestructura requiere un marco jurídico y regulatorio sólido y estable, que no se garantiza con un Poder Judicial sujeto al arbitrio del Poder Ejecutivo o sujeto a objetivos electorales. Siendo el sector infraestructura el sector intensivo en capital, muestra mayor sensibilidad que el resto de la economía al factor estabilidad del entorno de inversión y la incertidumbre en el marco legal y regulatorio genera un mayor impacto en menor tiempo en la percepción del riesgo del sector, en comparación con otros sectores.
En tercer lugar, el sector infraestructura requiere cuantiosos recursos públicos y privados para desarrollarse y la inestabilidad o ausencia de un Estado de derecho sólido puede ahuyentar las inversiones o encarecer los capitales requeridos en el sector. La degradación de las calificaciones de inversión del país causaría un encarecimiento inmediato del crédito necesario para infraestructura y, además, podría ahuyentar el capital a otras latitudes más estables y frenar las necesarias inversiones de un sector de suyo rezagado en México.
El sector infraestructura es la plataforma que requiere el país para desarrollarse, y para lograr que el sector y sus proyectos de inversión sean económicamente rentables, técnicamente factibles y ambientalmente sustentables, se requiere de un marco jurídico y constitucional estable, que no ponga en riesgo el Estado de derecho, y eso sólo se logra con un Poder Judicial independiente, imparcial y apegado a los valores y principios constitucionales que nos dieron a luz como república. La reforma judicial de la 4T se contrapone a los principios señalados.
