Contundente revés el que le acomodó la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, al presidente Donald Trump, al declarar inconstitucional su decreto para negar la ciudadanía por nacimiento.
La víspera, el máximo tribunal le había dado un triunfo al republicano, al permitirle cesar a una integrante de la Comisión Federal de Comercio, con lo que, en los hechos, le dio carta abierta para remover a su antojo a directivos de todas las agencias e instancias autónomas. Por ello, la discusión y votación de este martes sobre la ciudadanía por nacimiento parecía peligrosa. Sin embargo, con una mayoría de seis a tres, los magistrados resolvieron que negar la nacionalidad a los hijos de padres indocumentados o con visados temporales nacidos en su territorio, como pretendía Trump, es ilegal y no procede.
La sentencia respaldó una interpretación de más de 150 años de vigencia de la Decimocuarta Enmienda, en virtud de la cual “la ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: A participar libremente en nuestra comunidad política”. Así lo argumentó el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en nombre de la Corte, y añadió que “los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”.
La resolución judicial, emitida en el marco del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, una nación fundada y consolidada por inmigrantes, representa un alivio para millones de personas de origen extranjero que residen en la Unión Americana, legales o indocumentados. Se estima que más de 250 mil niños nacen anualmente en Estados Unidos de padre o madre sin estatus legal, la mayoría de padres mexicanos. De los 13.7 millones de personas sin documentos en Estados Unidos, al menos 5.5 son nacidos en México, según el Instituto de Política Migratoria.
El fallo del Tribunal Supremo es como un bálsamo en medio del sofocante afán de coartar derechos a los migrantes y forzarlos a abandonar el país, al margen de la hostil política de persecución migratoria, que tiene en las redadas y las deportaciones masivas su cara más evidente.
Pero, más allá de eso, la sentencia constituye un respiro que permite creer que aún hay contrapesos al espíritu autoritario de la ‘filosofía’ MAGA (Make America Great Again), y que los desplantes megalómanos del magnate republicano pueden, eventualmente, toparse con una pared institucional.
Mas no hay que sobreestimar esta decisión de los magistrados del supremo, pues, si bien es un triunfo histórico en favor de los derechos adquiridos, el presidente no se quedará cruzado de brazos. De hecho, de inmediato reaccionó, calificando el fallo de “malo”, “costoso” e “injusto” para la nación, e instruyó a los republicanos en el Congreso a iniciar de inmediato el camino para ponerle fin, por la vía legislativa, a la nacionalidad por nacimiento.
Pero los pretendidos límites al derecho a la ciudadanía son solo una vertiente del acoso gubernamental contra los migrantes.
El pasado 9 de junio, el Congreso estadounidense aprobó un proyecto republicano de 70 mil millones de dólares para financiar la agenda antiinmigrante de Trump, con lo cual quedarán garantizados 38 mil millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y 26 mil millones de dólares para la Patrulla Fronteriza.
Así se rompió el bloqueo presupuestario que se impuso tras la muerte de Alex Pretti y Nicole Good, durante operativos contra migrantes en Mineápolis. Los demócratas fracasaron en su intento de condicionar esos recursos a cambio de imponer límites y restricciones a los agentes federales para evitar abusos que derivaran en más muertes durante las redadas y deportaciones masivas.
El ideólogo de toda la estrategia de asfixia contra migrantes sería el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el objetivo de su cruzada parece ser que la vida para los migrantes en Estados Unidos sea cada vez más intolerable.
Ejemplos hay varios más. En mayo, Trump firmó una orden ejecutiva para que el Departamento del Tesoro exija a los bancos obtener más información sobre la condición migratoria de cualquier residente que intente abrir una cuenta, adquirir una tarjeta de crédito o comprar un automóvil a plazos. El objetivo es limitar los servicios financieros de los migrantes, incluido el envío de remesas a sus paisanos en sus países de origen.
“Mi administración no (...) permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”, expuso Trump.
Lo mismo ocurre con las restricciones a servicios de salud. El gobierno federal ha exigido que le sean restituidos más de dos mil millones de dólares por parte de gobiernos estatales que utilizaron algo de esos recursos para otorgar atención médica a migrantes indocumentados, en apego a su legislación local.
Y así con los rubros de educación, vivienda, empleo… y todos los servicios básicos que la administración Trump está bloqueando para los migrantes, a fin de forzarlos a claudicar y abandonar el país, de una u otra manera.
¿Cómo impedir que la agenda antiinmigrante de Trump siga avanzando en perjuicio de millones que contribuyen al crecimiento de esa nación? La alternativa más viable son las elecciones intermedias de noviembre próximo. Si la respuesta del presidente al freno que la Suprema Corte pone a sus medidas es ordenar a sus congresistas que saquen adelante su táctica asfixiante por la vía legislativa, es ahí donde los votantes deben poner un dique. El populismo de la derecha y el de la izquierda radicales en el mundo lo que busca es eliminar los contrapesos y concentrar el poder para imponer sus medidas y gobernar sin límites. Las urnas son la vía para marcarles el alto, y en Estados Unidos noviembre es la fecha clave.