A pesar de las muchas amenazas que a lo largo del periodo se enfrentaron, podemos decir que el sistema de Propiedad Intelectual en nuestro país llega al final de este año en una mejor situación que hace doce meses, lo que en esta época no es poca cosa.
Lo primero que hay que recordar es que fue este el año en que la nueva ley inició su aplicación en la práctica, con todas las dudas propias de una serie de novedosas figuras que estuvieron en suspenso por largo tiempo. A la vista de los primeros resultados el balance es positivo, si los medimos en términos de uso del sistema por parte de los empresarios del país.
Otras de las novedades legislativas que este año irrumpió en el medio es la llamada Ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad que, si bien no forma parte del ecosistema de propiedad intelectual, lo afecta en forma directa. La publicidad es uno de los medios donde las marcas habitan, y cualquier modificación en el sector suele tener repercusiones. Falta por ver lo que esta inexplicable ley aporta en el futuro, pero de momento parecen acotados sus incómodos efectos.
Otra de las novedades normativas que impactó severamente el sistema fue la norma oficial en materia de etiquetado, que entre otras restricciones obligó a la eliminación de los personajes de los empaques de los alimentos procesados. Aquí, la buena noticia es que los primeros amparos han sido otorgados, devolviendo sensatez al sistema. Hemos dicho que la medida, en términos de beneficios a la salud es cuestionable, pero los daños que genera a la libertad de expresión comercial son graves, por lo que alcanzar un remedio por la vía del amparo abre una puerta para recuperar el territorio perdido.
En términos de relevo de funcionarios las noticias en el año fueron alentadoras. Por una parte, por la llegada de Alfredo Rendón a la dirección general del IMPI, con un bagaje de experiencia y conocimiento que promete dar al Instituto rumbo y altos objetivos. En la parte del Indautor, la continuidad en las reformas encontró en Marco Morales a un operador confiable, que ya logró el anhelado propósito de la implementación del registro de obras en línea.
En este otro rubro, el de los derechos de autor, es necesario señalar que a 18 meses de la gran reforma a la ley en el ámbito de lo digital, el mercador indica que los resultados son favorables, si atendemos a que la figura más polémica de la misma (el sistema de “aviso y retirada”), que permite bajar contenidos a los titulares sin necesidad de pasar por un tribunal o autoridad, se ha utilizado masivamente sin contratiempos; y la controversia constitucional impulsada por la CNDH en contra del dispositivo legal no ha prosperado.
La mejor parte del recuento, sin duda, pasa por la utilización intensiva del sistema que, a pesar de la pandemia y de las serias dificultades económicas, sigue incrementándose entre los empresarios del país. Este resultado tiene una doble lectura: por una parte, demuestra la resiliencia de empresas mexicanas que han encontrado maneras inteligentes para lidiar con las dificultades. Algunas, haciendo ajustes para operar digitalmente, otras, inventando o desagregando servicios, y las más temerarias, cambiando de giro. La otra mirada, claramente indica que la protección legal que otorga el sistema es ya parte de la cultura normal de negocios de las empresas en México, incluyendo a las más pequeñas y apartadas. Este hecho tiene un significado de gran aliento, pensando en el mundo que nos espera al doblar la esquina. De momento, podemos decir con tranquilidad que, este año, en materia de Propiedad Intelectual tenemos saldo blanco.