La implementación de la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas es una buena oportunidad para el inicio de operaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dada la convergencia de ambos sucesos.
Como se recordará, apenas en julio del año pasado fue publicado el decreto que crea esta nueva entidad, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, preparando la desaparición de la Administración General de Aduanas. Por su parte, como resultado de la revisión que cada 5 años realiza la Organización Mundial de Aduanas al Sistema Armonizado, los miembros deben realizar los ajustes internos necesarios para operar la nueva clasificación de las mercancías que son comercializadas a nivel internacional. En nuestro país los cambios legislativos ya fueron publicados, debiendo entrar en vigor, a más tardar, el 1 de junio de este año.
Como parte del plan que el Ejecutivo Federal ha puesto en marcha para el rediseño del sistema aduanero del país, el personal que venía laborando será sustituido por el de las fuerzas armadas. Más allá de discusiones ideológicas sobre estas incursiones, lo cierto es que los funcionarios que por años habían operado el sistema y que contaban con experiencia ya no estarán al frente, obligando a que la nueva matrícula sea entrenada contra reloj. El país no puede darse el lujo de ralentizar sus operaciones de comercio exterior, porque los costos se trasladarían a todos, planta productiva, imagen del país, importadores y consumidores.
Entre las tareas que la Agencia Nacional de Aduanas de México debe solventar se encuentra la crítica identificación de productos falsificados, que forma parte de las medidas en frontera que todos los países miembros de la OMC deben observar. Si las estadísticas no mienten, más de la mitad de los productos falsos que se venden en nuestro país son importados, y la cifra tiende a incrementarse cada año. De hecho, de acuerdo con un estudio reciente de la OCDE y la Unión Europea, con motivo de la pandemia las rutas de la piratería se han modificado sustancialmente, incorporando a esta actividad a países que en el pasado eran pasivos en estos temas.
Para facilitar la labor de detección, detención y destrucción de productos falsificados es urgente desarrollar los soportes reglamentarios necesarios para conectar la legislación de propiedad intelectual con la de comercio exterior. No es admisible que se incumplan disposiciones de tratados internacionales y se diluyan los efectos de esta pieza clave de la lucha contra la piratería por limitaciones impuestas por la legislación de protección de datos. Si para iniciar acciones de querella de parte de los titulares de derechos es necesario contar con la información del importador, la ley debe preverlo y facilitarlo, de lo contrario, estaríamos dando mayor protección a quien incumple con la ley que a quien debe recibirla.
Hay temas en los que México no puede fallar, y en los que las buenas intenciones no bastan. En este asunto, todos estamos llamados a hacer nuestra parte.