La Pulga Río en Monterrey, San Juan de Dios en Guadalajara y Tepito son los tres mercados identificados como líderes en comercialización de productos falsificados en nuestro país. Esa es la conclusión del Reporte 2021 de Mercados Notorios por la Falsificación y la Piratería que publica la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR).
Diversas son las reflexiones que el reporte genera. La primera es la persistencia que los centros de distribución de piratería tienen en nuestro país dado que, año tras año, estos tres lugares aparecen a la cabeza de las listas. Por más señalamientos y operativos realizados en años pasados en su contra, poco es lo que se ha podido avanzar en su control. De hecho, no dudamos en asumir que en los últimos tiempos se han fortalecido y hoy empiezan a migrar también a la venta de falsificaciones en línea.
De hecho, el Reporte 2021 identifica ya a 42 mercados en línea considerados como notorios y 35 de los considerados tradicionales. Esta cifra acusa un incremento importante respecto de reportes previos. Podemos decir, con esto, que México está enfermo de piratería.
En dos de los tres casos mencionados (San Juan de Dios y Tepito), se trata de mercados de enormes dimensiones, que albergan miles de puestos que igual trafican con ropa que calzado deportivo, perfumes, videojuegos, pilas, cosméticos y una gran diversidad de productos. Estos centros de distribución dejan ver la enorme industria detrás de sus negocios, ya que no solo son importadores de grandes volúmenes, sino que también son proveedores de múltiples minoristas en diversas ubicaciones del país.
La parte más preocupante del reporte es probablemente la que no se ve, la que no se incluye en sus números, que es el deterioro que produce la sensación de impunidad en que hoy operan. A pesar de las limitaciones que en el pasado se percibía en la práctica de operativos para confiscación de falsificaciones, estos constituían un claro punto de preocupación para las organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas. En este momento, en cambio, los operativos de la unidad antipiratería de la FGR son inexistentes, lo que ha dado carta blanca a los traficantes ilegales de bienes de propiedad intelectual.
A la impunidad imperante hay que añadir la carga ideológica de apoyo que supone que, mercancía pirata decomisada a los grupos delictivos, sea reingresada al mercado por la propia autoridad para su venta en los Tianguis del Bienestar.
Hace años decíamos que el combate a la piratería era indispensable no solo para impedir la afectación directa a los consumidores y a los titulares de derechos, sino para mandar el claro mensaje a la sociedad de la observancia mejorada -desde las calles- del Estado de derecho. Así como la civilidad y la aplicación puntual del reglamento de tránsito tiene un efecto directo en la percepción de los ciudadanos respecto del cumplimiento de la ley, la erradicación de la piratería de las calles y mercados sería un baluarte significativo de estos valores.
De manera contraria, mandar el mensaje, desde el poder público, de que la ley es transigible e inoperante, nos ubica de lleno en la condición de ser un país atrasado y no digno de confianza. Ni más ni menos que en un país en el que la imitación y la falsificación se premian.