Cuando en los propios ‘chats’ de abogados se comparten libros digitales sin restricción alguna y los beneficiarios ‘celebran’ el acceso a la cultura por la bonhomía del patrocinador, algo está muy mal en materia de entendimiento y respeto a los derechos de autor en nuestro medio. De la misma manera, si un colega presume su colección digital de más de tres mil libros jurídicos que pone a la venta por un ‘módico’ pago -y encuentra compradores-, las cosas simplemente están fuera de control.
Sirvan estas dos referencias para ilustrar el brutal deterioro de la de por sí escasa cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual en el país, que lleva a la escalofriante cifra de que, de cada dos ejemplares que se leen, uno es pirata. Este dato proveniente del Centro Mexicano de Protección y Fomento al Derecho de Autor (Cempro), que identifica que las cifras se han incremento por el efecto pandemia, particularmente en el caso de las versiones digitales.
La industria editorial, resiliente y flexible, ha sobrevivido a la cultura de la fotocopia y a la amenaza de la duplicación en soportes magnéticos como los usb y los cd. Esos mecanismos de transferencia, al menos, se enfrentaban al natural obstáculo de su entrega física, pero a partir del crecimiento exponencial de las plataformas electrónicas y las redes sociales, la transferencia irrestricta de archivos y soportes que contienen libros de todo tipo no encuentra contención.
En este contexto, el anuncio reciente de la firma de un convenio de colaboración entre Cempro y Mercado Libre para combatir la piratería en su conocida plataforma de comercio electrónico es una muy buena noticia. Como sabemos, estas estructuras de comercialización se están convirtiendo en los distribuidores de grandes volúmenes de libros, transformando hábitos generalizados hasta desplazar a las tradicionales librerías. No hay que olvidar que el propio Amazon inició su imparable plataforma vendiendo precisamente libros.
El acuerdo es un buen mensaje sobre el incremento en los niveles de compromiso que las plataformas están asumiendo como parte de una compleja logística que es aprovechada por usuarios ilegales. Es claro que la experiencia que se ha acumulado en el mundo con herramientas como el llamado ‘aviso y retirada’, que permite preliminarmente bajar contenidos musicales sospechosos de infracción de derechos de autor, puede ser trasladada con adecuaciones al tráfico de productos falsificados y otras formas de piratería.
En ese sentido, es trascendental reconocer que no solo hay que imaginar nuevas herramientas para combatir la copia, el plagio y la falsificación, sino que muy particularmente se debe reconstruir la credibilidad de un sistema sin el que, el derecho humano de acceso a la cultura, no podría ser explicado.