Una de las iniciativas que, al cierre del año y del periodo de sesiones del Congreso quedan en espera de ser dictaminadas, plantea despojar a COFECE e IFT de la facultad para presentar querellas por delitos de competencia económica. El asunto no es menor, si consideramos los múltiples efectos que la reforma implicaría. Para entender la postura que impulsa esta reforma no hay que ir demasiado lejos. Derivado de la falta de nombramiento de comisionados por parte del presidente de la República a lo largo del sexenio, ambos reguladores entraron a una etapa de semi parálisis al no contar con suficientes consejeros para adoptar decisiones en asuntos relevantes que son materia del pleno.
Lo que más llama la atención de la situación es que, si bien hemos atestiguado la indiferencia, o incluso el abierto rechazo del titular del Ejecutivo hacia los organismos autónomos, en los casos de la COFECE y el IFT debería suceder precisamente lo contrario. Por lo que hace a la primera, su participación como supervisor de concentraciones y prácticas monopólicas se considera crítica para el debido funcionamiento de los mercados. En el caso de las concentraciones lo que se impide es que, a través de compras, fusiones, adquisiciones, tomas hostiles y otras acciones corporativas, ciertas empresas dominantes lleguen a controlar determinados renglones de la actividad económica, hasta extremos en los que la imposición de condiciones a los consumidores sea consecuencia natural de su posición de control.
El caso de las prácticas monopólicas no es menos relevante. Al repasar la lista de las conductas sujetas a restricción no podemos sino reconocer la urgencia de operar al máximo nivel los controles dispuestos en la ley para este tipo de supuestos, entre otros, los acuerdos entre competidores para fijar o elevar precios así como los celebrados para dividirse mercados o pactar su participación en licitaciones; las ventas atadas, la depredación de precios, establecer barreras injustificadas a competidores, bloquear el acceso a insumos esenciales, el trato inequitativo y muchas más igualmente graves.
La iniciativa que hoy se plantea podría acabar de redondear el plan consistente en que, si no se puede eliminar de tajo a estos institutos, al menos se les puede convertir en irrelevantes suprimiendo su autonomía y capacidad de gestión. En efecto, si la consecuencia de la reforma es que la facultad para presentar querellas se traslade al Ministerio Público, tanto COFECE como IFT perderán músculo. A cambio de ello, el Ejecutivo federal podrá definir, a quien si y a quien no, iniciar carpetas de investigación por posibles delitos de cuello blanco.
El punto más grave de la iniciativa es que las conductas reguladas por ambas leyes (telecomunicaciones y competencia), requieren de alto grado de especialización para ser dictaminadas. Al salir de la esfera exclusiva de ambos organismos, la decisión de procesar posibles imputados queda en manos de una fiscalía que, podrá eliminar el filtro y abrir espacio a investigaciones que no sean precedidas de revisiones puntuales de los datos. Algo que a muchos parece agradar en los últimos tiempos.