Concluyó la farsa. El prometido proceso para democratizar la creación de una nueva ley de ciencia y tecnología fue suplantado por la imposición y la incivilidad política. El compromiso de “escuchar todas las voces” fue ignorado y al cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso, la nueva ley fue aprobada en uno de los más desaseados procesos legislativos de que se tenga memoria.
El resumen es que en la noche del 26 de abril las comisiones unidas de Ciencia y Tecnología y Educación de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa presidencial; unas horas después, en la madrugada del 27 de abril los diputados aprobaron el proyecto tal cual, sin siquiera discutir las diversas observaciones formuladas a lo largo del proceso; el 28 de abril recibe el Senado el proyecto, pero la comisión no puede turnarlo al pleno por no reunir el quorum; para superar el obstáculo, en una decisión muy grave, con la sola participación de los senadores de Morena y sus aliados, se modifica el orden del día para alterar la composición de la Comisión de Ciencia y Tecnología incluyendo dos senadores más de Morena para que, alcanzando ese artificioso quorum, firmar el dictamen aprobatorio de la ley. En la propia madrugada del 29 de abril, el pleno del Senado aprueba y turna al Poder Ejecutivo para su publicación. El relato desnuda, por sí sólo, la gravedad de un proceso legislativo convertido en una simulación.
Ahora habrá que añadir, a la crítica y la oposición por un contenido señalado por ProcienciaMx como centralista, autoritario y antidemocrático, un proceso concluido a las espaldas de la comunidad científica del país, a la que se “invitó” a participar en un Parlamento abierto para luego cerrar la puerta sin aviso previo.
Hay leyes que, eventualmente, pueden ser promulgadas sin participación de sus destinatarios. Otras, en cambio, exigen que sus reglas sean cotejadas, sopesadas, cuestionadas y corregidas antes de adquirir la condición de ser de aplicación general y obligatoria. En el caso de una ley de humanidades, ciencia y tecnología era obligado escuchar a quienes hacen ciencia, por el simple hecho de que un país que no escucha a sus expertos dilapida la mejor parte de su inteligencia.
No hay espacio para enumerar las principales amenazas que hoy se convierten en ley vigente. Entre otras, la concentración de atribuciones en un Consejo Nacional (que sustituirá al Conacyt), con la participación de un Órgano Consultivo Interno para integrar, formular conducir, ejecutar y evaluar la agenda y la política nacional en la materia. Llama la atención que, en la Junta de Gobierno, participen tanto la Defensa Nacional como la Marina.
En la iniciativa no se contemplan mecanismos para propiciar la participación efectiva de las entidades federativas, instituciones de educación e investigación, organizaciones sociales y otros actores en la elaboración de la agenda científica nacional. En los temas de desarrollo tecnológico e innovación la ley imprime su sello ideológico. Por una parte, al asignar al Consejo Nacional la propiedad intelectual de cualquier obra o patente generadas con financiamiento, parcial o total y, por otra, al cerrar canales para dar apoyos a empresas y estudiantes de instituciones privadas.
Tenemos una comunidad científica en el país con una voz sólida y articulada basada en la razón. Seguramente, este expediente no está cerrado.