Consumado el precipitado proceso legislativo que ha desembocado en la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial, quedan demasiadas cosas por decir, demasiados escenarios para proyectar y demasiadas acciones por desarrollar. Queda, también, una honda sensación de tristeza, de desolación, de luto por la pérdida irreparable de una seguridad que nos acompañó a lo largo de nuestras vidas y que hoy se ha esfumado: la certeza jurídica. Esa que, de tan constante y obvia, dejamos de percibirla como presente y tangible.
Con todas sus fallas, con todos sus ministerios públicos corruptos, con todos sus policías mal capacitados, con todos sus jueces cuestionados, con todos sus peritos comprables, a lo largo de la cadena de administración de justicia, en algún punto (casi siempre en el juicio de amparo), las cosas regresaban al curso predecible que la certeza jurídica permitía construir. Toda esa larga cadena de fallas sistémicas aportaba material de sobra para una reforma, no solo judicial, sino del sistema entero de impartición de justicia. Pero, en lugar de analizar, diagnosticar y diseñar remedios, optaron por matar al “enfermo” para acabar con la enfermedad.
Lo que ahora queda es un entuerto que no tiene ni pies ni cabeza, ni manera alguna de operar. La demolición no solo exhibió la debilidad inherente de un sistema que se pensaba robusto, sino que ha dejado al desnudo la incapacidad para resistir la agresión más burda e inimaginable. Nuestro Congreso, convertido en coro de serviles, obedeciendo de forma abyecta instrucciones de quien les facilitó el acceso a sus escaños.
Bajo la retórica “del pueblo manda”, se ha desmantelado uno de los pilares de la vida republicana en México. Entonces, si esa misma mayoría decide que todos los que tengan los ojos claros deben ser expulsados del país, ¿la decisión es correcta? A estos ‘legisladores’ se les olvidó que existe una base de derechos humanos que no es negociable, que es intocable. Y ser juzgado por tribunales eficaces, con jueces neutrales y capaces, forma parte de esa base de derechos humanos que no deben ser tocados.
Al haberse pasado este límite, se probó que todas las fronteras son transgredibles por un poder omnímodo que ahora alega “su autocontención moral” como su única barrera. ¿En serio? ¿Después de esta demostración de intransigencia y obcecación?
Primer acto: el titular de una marca registrada demanda a un pirata por usarla sin su autorización. Segundo acto: el IMPI declara la infracción y multa al pirata. Tercer acto: la Sala Especializada de Propiedad Intelectual confirma la resolución del IMPI. Cuarto acto: un juez de amparo, con un enfoque ‘popular’, determina que el pirata puso al alcance de consumidores de bajos recursos bienes que de otra manera no habrían podido adquirir. Quinto acto: el titular de la marca decide nunca más intentar una demanda de este tipo. Sexto acto...
Pero aquí seguiremos. Y no se trata de reivindicar consignas de un bando contra otro, porque esa no es la retórica. Los que creemos en el Estado de derecho, seguiremos buscando las formas de combatir la barbarie y la imposición, aunque para ello tengamos que usar las piedras de las ruinas que dejaron con la destrucción.