La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 abre una nueva etapa de políticas migratorias que, según su discurso y su primer mandato, anticipan un endurecimiento sin precedentes. México, como su principal vecino al sur, será el primer país en sentir el impacto de esta administración.
Trump planea intensificar el control migratorio, presionando a nuestro país para actuar como barrera de contención en el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, aplicando políticas que generarán desafíos humanitarios, económicos y diplomáticos.
Entre 2017 y 2021 transformó la política migratoria estadounidense. Su mandato introdujo prácticas como la separación familiar en la frontera, los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) —conocidos como “Quédate en México”— y restricciones al asilo. Trump también presionó a México para intensificar los controles migratorios, logrando el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. En 2024, regresa con un discurso aún más agresivo, con un enfoque en seguridad nacional y contención migratoria.
Anticipación de políticas en el segundo mandato
Donald Trump buscará revivir y ampliar los Protocolos de Protección al Migrante, exigiendo que México aloje a una mayor cantidad de solicitantes de asilo mientras sus casos se procesan en EU. Esto trasladará la carga humanitaria y económica de la migración a México, saturando los albergues y los recursos de atención en la frontera norte. La administración mexicana se verá forzada a manejar una presión constante de miles de personas retenidas, con limitaciones en servicios de salud, alimentación y seguridad, incrementando las tensiones diplomáticas entre ambos países.
Se espera que Trump incremente las solicitudes de cooperación en seguridad a México, solicitando más despliegues de la Guardia Nacional y medidas agresivas en la frontera sur para detener el flujo de migrantes. Esta presión pondrá a México en una situación difícil, ya que deberá equilibrar las demandas de control fronterizo con la protección de derechos humanos y la gestión de sus recursos de seguridad. Esta militarización, si se intensifica, podría aumentar la fricción en la relación bilateral, además de generar críticas internas en México por su dependencia de la agenda estadounidense.
Trump ha dejado en claro su intención de restringir el acceso al asilo en Estados Unidos. Esto podría traducirse en una disminución significativa de casos aprobados y un incremento de solicitantes de asilo devueltos o retenidos en México, donde el sistema de refugio podría colapsar por falta de infraestructura y apoyo internacional adecuado. México enfrentará el desafío de atender estas necesidades en un clima de rechazo social y xenofobia, mientras EU se distancia de sus responsabilidades compartidas.
La política de deportación agresiva que Trump aplicó en su primer mandato probablemente vuelva en forma ampliada. Esto conlleva una cooperación más extensa de México para identificar y deportar migrantes en tránsito en territorio mexicano, intensificando redadas y controles internos, desviando recursos de seguridad y colocándolo en una posición de subordinación ante las demandas de Trump. En esta línea, el gobierno mexicano enfrentará presiones para ajustar sus leyes y prácticas migratorias, lo cual podría desencadenar una respuesta negativa de la sociedad civil y organismos internacionales.
Las políticas de Trump y su retórica antiinmigrante en 2024 podrían avivar nuevamente la xenofobia en EU, afectando a las comunidades mexicanas y latinas. México tendrá que preparar sus consulados para atender el posible aumento de casos de discriminación y abuso contra sus connacionales, invirtiendo en sus redes consulares para mitigar estos impactos y proteger a sus ciudadanos en un entorno potencialmente hostil y limitante para la vida y el trabajo de los migrantes mexicanos en EU.
Antes del fin
México enfrentará un desafío mayor que en la administración anterior, con una carga migratoria y diplomática considerablemente más alta. La gestión de Trump en su segundo mandato podría obligar a México a actuar como extensión de la frontera estadounidense, enfrentando implicaciones humanitarias, económicas y sociales de esta dependencia migratoria.
El gobierno mexicano necesitará no solo negociar con cautela, sino también diversificar su estrategia diplomática y comercial para proteger su soberanía y los derechos de sus ciudadanos.
