Experto en propiedad intelectual

Etiquetado de advertencia, el falso debate

Un defecto del sistema de sellos es que no permite distinguir los productos que apenas rebasan el límite establecido de aquellos que lo sobrepasan sobradamente.

Esta semana la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará por primera vez sobre la constitucionalidad del sistema de etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas implementado mediante la Norma Oficial NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Dicha regulación obligó a las empresas a utilizar sellos con leyendas como “EXCESO CALORÍAS”, “EXCESO AZÚCARES” y “EXCESO SODIO”, entre otras restricciones.

El primer expediente en resolverse será el amparo en revisión 358/2022 promovido por la empresa de refrescos BARRILITOS, cuyo proyecto fue encargado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa. El proyecto propone convalidar la constitucionalidad del sistema de sellos de advertencia, por considerarlo necesario, idóneo y proporcional para conseguir un fin lícito que es garantizar el derecho de acceso a la información de los consumidores.

La ministra Yasmín Esquivel conoce bien este tema pues en 2019 fue ponente en el amparo en revisión 240/2018 promovido por la asociación civil “El Poder del Consumidor”. En aquella ocasión la Suprema Corte votó igualmente por mantener el sistema de etiquetado vigente.

Todos los involucrados en este debate coinciden en la necesidad de tener un etiquetado claro que permita a los consumidores tomar decisiones informadas sobre los alimentos y bebidas que adquieren, la pregunta de fondo es si el sistema actual cumple ese papel.

Un defecto del sistema de sellos es que no permite distinguir los productos que apenas rebasan el límite establecido de aquellos que lo sobrepasan sobradamente. Es decir, en el supermercado el consumidor puede encontrar una bebida mineralizada que rebasa por 1.0 por ciento el límite permitido, junto a un refresco de cola que supera el límite en un 50 por ciento y ambos productos tendrán exactamente el mismo sello, lo que genera la impresión de que son iguales nutricionalmente hablando.

Por ello algunos críticos sugieren que sería mejor un etiquetado con colores tipo “semáforo” u otra forma de advertencia que permitiera al consumidor apreciar claramente la cantidad de nutrimentos presentes en cada alimento.

Otro aspecto relevante es que la norma de etiquetado no ha traído los resultados que se esperaban. A casi dos años de su implementación, la obesidad en México y las muertes por diabetes siguen rampantes, así lo demuestran todas las encuestas y estudios recientes como el Atlas Mundial de Obesidad 2022 que pronostica un crecimiento de 2.5 por ciento anual en la obesidad infantil de México hasta el año 2030.

Estos datos duros nos hacen cuestionarnos si estas normas de etiquetado no son en realidad un falso debate para distraer la atención de los ciudadanos de lo que realmente importa. Tenemos serios problemas en los hábitos de ejercicio de la población, aunados a una tradición de consumo de productos altamente calóricos.

La inversión en el fomento deportivo está en uno de sus peores momentos, ensombrecida por los escándalos de corrupción de Ana Gabriela Guevara y otras figuras que han desfilado por nuestras instituciones deportivas. Salvo por los campos de beisbol, es evidente que no se han abierto suficientes espacios e infraestructura para que la población pueda ejercitarse o moverse con libertad, la inseguridad tampoco ayuda en este rubro.

El debate en la Corte no terminará con el juicio de amparo de esta semana, más bien apenas comienza y tendrán que estudiarse varios aspectos de la norma, entre los cuales me parece especialmente relevante la prohibición de utilizar personajes (propiedad intelectual de las empresas), una medida que ha provocado tensiones internacionales.

Post scriptum. El ministro Arturo Zaldívar dejará la presidencia de la Suprema Corte este año, suenan varios nombres como posibles sucesores, pero retumba con fuerza la versión de que ganará una mujer. Sería la primera presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia mexicana.

COLUMNAS ANTERIORES

Recuperar la confianza en el IMPI
El siguiente capítulo: una transición judicial caótica

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.