Tras rechazar un primer proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que negaba el amparo a la empresa Springall Pictures, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se alista para discutir de nueva cuenta la constitucionalidad del decreto que eliminó al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).
Este 30 de agosto se evaluará un nuevo proyecto de sentencia elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, donde se propone conceder un amparo que obligaría al Congreso de la Unión a establecer un nuevo fondo de apoyo al cine mexicano, en la Ley Federal de Cinematografía.
Recordemos que hace tres años el presidente López Obrador decretó la extinción de 109 fideicomisos a los que calificó de “opacos y corruptos”. Entre esos instrumentos se encontraba el Fidecine, que junto con el Foprocine mantuvo a flote al cine mexicano durante las últimas décadas. Desde 1998, estos fondos ayudaron a financiar en conjunto más de 600 largometrajes, algunos de gran trascendencia como: La Ley de Herodes, Sexo, Pudor y Lágrimas y El Infierno.
Ante los reclamos de la comunidad cinematográfica, el gobierno federal trató de calmar las aguas mediante la creación del Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine), pero a diferencia de su antecesor, el Focine es un programa que no está previsto en una ley federal y podría desaparecer en cualquier momento, además de que los criterios para asignar apoyos quedaron completamente al arbitrio del gobierno federal. Una cinta de crítica al estilo de La Ley de Herodes difícilmente habría obtenido apoyo bajo la estructura actual.
El extinto Fidecine tenía un mecanismo para evitar actos de censura por parte del gobierno, los artículos 37 y 38 de la Ley Federal de Cinematografía detallaban un método para evaluar y distribuir fondos. Este sistema aseguraba autonomía y diversidad, ya que la elección de los filmes que recibirían financiamiento estaba en manos de un comité diverso. Este grupo, conformado por siete miembros, tenía representantes tanto del sector público como del civil, con solo dos del primero y cinco del último.
Contar con mecanismos permanentes para financiar al cine mexicano es indispensable para mantener viva a una industria que genera miles de empleos y donde nuestro país ha destacado como en muy pocos ámbitos. Pero, además, defender al cine mexicano es defender nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a formar parte del discurso cultural.
Las diez películas más taquilleras del año pasado fueron todas extranjeras, cinco de Disney, dos de Universal, una de Paramount, una de Warner y una de Sony. En un país que, de acuerdo con cifras del INEGI y de Canacine, cada año lee menos, pero va al cine con mayor frecuencia, Hollywood propone su modelo de valores sin contrapeso alguno. Lo dijo alguna vez muy bien el escritor Carlos Monsivais: “si perdemos nuestro cine, perdemos nuestra voz, nuestra visión y ya no se diga parte de nuestra alma.”
Post scriptum: Y hablando de la Corte, el que se la está tomando con mucha calma es el ministro Javier Laynez Potisek. Desde hace tres años metió a la congeladora un expediente importantísimo en materia de libertad de expresión, es la acción de inconstitucionalidad 217/2020 promovida por la CNDH en contra de las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor que establecieron el sistema de “notificación y retirada”, hoy es el día en que ni siquiera aparece en la lista de pendientes del Pleno.
El autor es experto en propiedad intelectual.