Si usted ha tramitado exitosamente el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), puede tener la certeza de que los datos personales que aportó durante el trámite (nombre, domicilio, correo electrónico) han sido recabados y serán utilizados por algún tercero para ofrecerle servicios legales o para intentar defraudarlo mediante cartas que aparentan ser requerimientos oficiales de pago.
Este problema es añejo, la primera vez que escribí al respecto fue en octubre de 2016 cuando reporté que los ingresos de uno de esos defraudadores ascendían al menos a 366 millones de pesos. Mi artículo fue retomado en febrero de 2021 por el diputado Ricardo Flores Suárez del Partido Acción Nacional, quien propuso ante el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al IMPI a implantar una campaña de difusión contra el fraude cibernético en materia de marcas registradas; y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a suspender de inmediato las cuentas bancarias de personas relacionadas con ese ilícito.
Las palabras del diputado llegaron a oídos sordos y lógicamente el acoso a los titulares de derechos de propiedad intelectual continúa. Por ejemplo, desde el año pasado todos mis clientes reciben correos electrónicos de un despacho de abogados que los exhorta a realizar trámites de declaración de uso de marcas. En el correo proporcionan una cuenta de banco y hasta un código QR para recibir depósitos en tiendas de conveniencia. Abordar directamente a una persona para proponerle servicios jurídicos es una conducta prohibida en las barras de abogados porque demerita el ejercicio de la profesión.
También es frecuente que los titulares de marcas registradas reciban cartas físicas provenientes de una empresa llamada ‘Propimex’, donde en tono de advertencia les hacen saber que si omiten solicitar la renovación de su registro tendrán como consecuencia “la pérdida de su marca en automático”, de igual forma les proporcionan un número de cuenta y un código QR para depositar una cantidad y así evitar la pérdida de su derecho.
Otros países han tomado medidas contra estas prácticas. En Estados Unidos, la oficina de marcas (USPTO) -equivalente al IMPI- realiza campañas para informar a los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre este tipo de fraudes. El sitio de internet de la USPTO recomienda a los ciudadanos que desconfíen de comunicados con apariencia de facturas o recibos oficiales de pago, incluso invitan a los afectados a presentar quejas ante la oficina de protección al consumidor (FTC).
Ante el gran número de personas afectadas y el nulo interés de las autoridades por atender el problema, el gremio de especialistas en propiedad intelectual, representado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes envían estas cartas engañosas, habrá que ver si el IMPI se interesa por coadyuvar en la indagatoria o si le dará seguimiento desde las gradas.
POST SCRIPTUM: El Pleno de la Suprema Corte negó los amparos solicitados por Santa Clara y Desde el Corazón del Fruto (Jarritos) contra la norma de etiquetado NOM-051; falta por resolverse la demanda de Herdez. Todo indica que los sellos y leyendas de advertencia llegaron para quedarse, seguiremos esperando a que disminuya la obesidad, se supone que para eso servirían.