La reforma al Poder Judicial avanza impulsada por la aplanadora legislativa de Morena y sus aliados. Sus efectos nos alcanzarán a todos en algún momento, pero los despachos jurídicos ya están resintiendo afectaciones. Los abogados tenemos la responsabilidad de llevar a buen puerto los asuntos que se nos han encargado y por ello estamos obligados a tomar medidas de mitigación ante los escenarios que podrían ocurrir en el corto plazo; a continuación, resumiré algunos de los riesgos que me parecen más importantes:
Paro de labores prolongado
Se vislumbra una suspensión de labores desordenada en el Poder Judicial, que podría prolongarse hasta después de la primera elección de jueces, ministros y magistrados. No existe consenso entre los juzgadores sobre la conveniencia de mantener los órganos judiciales cerrados: algunos podrían reanudar labores bajo protesta, mientras que otros optarían por un paro total. Esta situación generaría rezago e inseguridad jurídica en cuanto a los plazos procesales.
Éxodo de trabajadores
Otro fenómeno que ya ocurre es la salida masiva de trabajadores en todos los niveles del Poder Judicial. Muchos temen que al entrar en vigor las reformas perderán prestaciones, recordemos que el decreto ordena la extinción de fideicomisos y el ajuste de sueldos hacia abajo. Independientemente de lo que suceda con la reforma, el éxodo de trabajadores ya es un hecho, algunos magistrados y jueces han decidido jubilarse dejando plazas vacantes que tardarán al menos un año en ser ocupadas.
La crisis constitucional
Ya estamos inmersos en una crisis constitucional. La votación de la reforma se llevó a cabo ignorando dos suspensiones dictadas por jueces de distrito. A ello debemos sumar las impugnaciones que seguirán acumulándose por parte de particulares, partidos políticos y órganos autónomos. Ya sea a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o simples juicios de amparo, la Suprema Corte tendrá que determinar si el procedimiento de reforma constitucional fue legítimo. En caso de que los ministros declaren su inconstitucionalidad, la Dra. Sheinbaum enfrentará la decisión de ejecutar la reforma mediante el uso de la fuerza pública, lo que podría derivar en enfrentamientos sociales y daños a la infraestructura judicial.
Un relevo caótico
Si se impone una transición, ésta será caótica. Los jueces salientes no entregarán sus tribunales de manera cordial, pues están siendo despojados de un proyecto al que dedicaron gran parte de su vida. Es previsible que se pierdan expedientes, y al desorden se sumará la inexperiencia de los nuevos funcionarios, especialmente si accedieron a sus cargos por azar, mediante una tómbola, en lugar de por mérito profesional.
La reforma es regresiva y traerá un costo altísimo para el país. Sin embargo, por razones aún desconocidas, López Obrador tiene una prisa inusitada por implementarla. A pesar de ello, queda un capítulo final por escribirse en esta historia, y debemos estar preparados.
Post scriptum. La relación entre el gobierno saliente y los Estados Unidos se ha deteriorado significativamente en el último año y la reforma judicial podría agravar este desencuentro. Es un grave problema el que se le hereda a la nueva presidenta. El pragmatismo estadounidense demandará garantías para sus inversiones, con ellos no funcionan los discursos de campaña.