En una de las sociedades más avanzadas y evolucionadas en la actualidad, alguna vez sus instituciones fueron salvajes y asesinas contra niños indígenas. En un hecho sin precedentes, gobiernos canadienses del pasado junto con diversas iglesias, principalmente la católica, cometieron actos de horror que han conmocionado a todo el mundo.
Sucedió en un periodo largo y confuso, entre 1883 y 1996. En el origen, el gobierno del primer ministro, John A. Macdonald, decidió abrir 139 internados donde recluyó a la fuerza a niños indígenas en nombre de la denominada ‘Acta India’, que dictaba la inhumana idea de adoctrinar a los menores autóctonos para, supuestamente, “asimilar la sociedad”.
No obstante, se trató de una reclusión donde hubo hacinamiento, mala comida, enfermedades y la ausencia absoluta del amor de su familia, de quienes fueron apartados de tajo para ser sometidos a trabajos forzados, violados sexualmente, lo que ocasionó miles de muertes: crímenes de lesa humanidad. En total, 50 mil niños pasaron por estos lugares del horror.
El gobierno financió los internados, de los cuales 70 por ciento eran administrados por la Iglesia católica. El último cerró en 1996. Tras las constantes evidencias y voces de víctimas y familiares, el gobierno canadiense se vio obligado, en 2015, a crear la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para esclarecer lo ocurrido.
En 2019 concluyó que murieron 4 mil 134 menores de edad, aunque especialistas que investigan los casos coinciden en que la cifra podría ascender a 6 mil niños fallecidos en esos centros que fueron considerados de ‘integración’. Una barbaridad que ahora el gobierno de Justin Trudeau no encuentra cómo subsanar a pesar de que hay millonarias indemnizaciones y disculpas públicas.
El escándalo aumentó entre los meses de mayo y junio pasados, cuando regresó el horror al encontrarse varios cementerios clandestinos en terrenos pertenecientes a tres antiguos internados. Se encontraron mil 148 tumbas sin nombres con restos de menores. La indignación estalló en toda la sociedad canadiense, así como la exigencia de justicia.
Este hallazgo orilló al primer ministro, Justin Trudeau, a reconocer esta barbarie como el mayor error cometido por el país. Al mismo tiempo las protestas no se hicieron esperar, al grado de que más de siete iglesias católicas fueron incendiadas en territorio canadiense, ante el silencio cómplice del papa Francisco. Aquí se suman contradicciones que se debaten entre la fe y los daños inauditos ocasionados a miles de niños en Canadá, y en otras partes del mundo.
Muchos sobrevivientes han considerado esta triste historia como un genocidio cultural al tratar de eliminar minorías étnicas o su idiosincrasia y cosmovisión. Al día de hoy suman 1.4 millones de indígenas, lo que representa 4.9 por ciento de la población en el país simbolizado por la hoja de Maple.
Después del descubrimiento de los cementerios, se abren nuevos signos de interrogación al preguntarnos cuántos más pueden haber, qué daños ha ocasionado a las comunidades autóctonas, y sobre todo, cuál es el futuro entre la compleja relación entre indígenas y el gobierno.
Hay una deuda enorme e inclasificable hacia la población indígena en Canadá, que es representada por la Asamblea de las Primeras Naciones (más los Inuit y Métis) y que actualmente cuenta con 636 comunidades donde se hablan más de 50 idiomas diferentes y una lucha incansable para defender sus tradiciones.
Por lo pronto, Justin Trudeau reconoció que lo sucedido es un recordatorio “vergonzoso del racismo sistémico, la discriminación y la injusticia que los pueblos indígenas han enfrentado y todavía enfrentan en el país”. Canadá tiene una nueva oportunidad para demostrar que la nación que tanta admiración genera, no sólo sabe reconocer sus errores, sino que construye proyectos que resarcen el tejido social e impulsa el respeto a las comunidades autóctonas.
El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.