No sé qué tiene que pasar en México para que las cosas realmente mejoren. Es inaudito que después de la muerte de, hasta ahora, 40 migrantes en Ciudad Juárez, el gobierno de México siga tan campante sin decirnos quiénes son los responsables. López Obrador reitera que esperan los resultados de las investigaciones que realiza la FGR, una institución cuya credibilidad está por los suelos, a partir del uso faccioso de su titular, Alejandro Gertz Manero, y su subordinación a los intereses de la 4T.
Ya pasaron dos semanas, y día a día crece el cínico silencio e insostenible permanencia de Francisco Garduño en el Instituto Nacional de Migración (INM), un cercanísimo de López Obrador, quien lo ha acompañado desde hace mucho tiempo en el primerísimo círculo de operadores en sus campañas presidenciales. Es miembro fundador de Morena y ostenta una maestría en Derechos Humanos. ¡Paradójico!
Pero ese cinismo se desdobla cuando ante los ojos de todo mundo (literal), López Obrador lo protege, lo cuida, lo oculta. Pareciera ser que, como en el caso Ayotzinapa, están preparando su “verdad histórica”, maquillando evidencias, eligiendo a quiénes delatar, y así proteger a los amigos, a los “incondicionales”; pero también para confundir a la opinión pública de que el gobierno actual es muy parecido a los anteriores.
Y es que detrás del incendio de la noche del lunes 27 de marzo en una prisión para migrantes a cargo del INM y ante la mirada asesina de custodios sin idea de lo que son los derechos humanos, se demuestra que hay una descomposición sistemática y una carente estrategia adecuada para proteger a los migrantes que cruzan nuestro país.
El Universal publicó ayer en su nota principal que la Auditoría Superior de la Federación alertó desde 2018 al INM de problemas de hacinamiento, posible desvío de recursos, personal mal capacitado e ineficiencia en los servicios de seguridad. Todo ello, sin que la institución hiciera nada, ¡sí!, desde 2018. Mientras tanto y como siempre, López Obrador sigue repartiendo culpas: a Estados Unidos, a las organizaciones de la sociedad civil, al pasado.
Ahora fue en Ciudad Juárez, pero casos donde los migrantes viven verdaderos infiernos, también suceden en Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y en prácticamente todos los estados de México. Es evidente el involucramiento del crimen organizado con autoridades de los tres niveles de gobierno. En la tragedia del lunes 27 de marzo, se sabe que los custodios dejaron dentro a los migrantes mientras se asfixiaban, ellos son el eslabón más bajo. Pero alrededor de ellos se enciman las preguntas que delatan la lacerante corrupción e impunidad, pero, sobre todo, la incapacidad del gobierno actual de aceptar que sistemáticamente se ha equivocado en sus estrategias migratorias.
Qué pasó de la original postura del presidente López Obrador cuando decía “donde come uno, comen dos” y ofrecía visas de trabajo y un asistido tránsito hacia Estados Unidos (octubre de 2018); al actual caos, donde se recluyen a los migrantes, hacinados y hambrientos. Lo curioso es que ahora, AMLO pretende dejar la estrategia migratoria al padre Solalinde, un individuo que considera que López Obrador tiene “rasgos de santidad”. Una reestructura del INM debe estar a cargo de un grupo colegiado de académicos, científicos sociales, expertos, que, sin filiaciones partidistas, realmente propongan un cambio radical para salvaguardar la integridad de los migrantes.
A la tragedia de Ciudad Juárez, hay que sumarle otro preocupante hecho que retrata (una segunda tragedia en menos de 10 días) la gravedad del problema migratorio en México, que, ante la pasividad del Estado mexicano, todo indica que está fuera de control. En Matehuala, San Luis Potosí, se registró un “secuestro” masivo de migrantes, según las autoridades… ¿un secuestro? Todo apunta a que no fue eso, sino que se debió, como ya es común, a una acción orquestada y sufragada por funcionarios públicos de San Luis Potosí y grupos de la delincuencia organizada para trasladar a migrantes hacia la frontera con Estados Unidos, a quienes en muchas ocasiones desaparecen o asesinan para impedir la detención de las redes traficantes.
Lamentablemente, sólo se conocen estos casos cuando los medios de comunicación lo informan, nunca por los gobiernos municipales, estatales o federal dan aviso de estos desafortunados hechos; al contrario, ellos buscan ocultarlo lo más que se pueda.
El presidente López Obrador dijo en su mañanera del martes 28 de marzo, apenas unas horas de sucedida la tragedia en Ciudad Juárez: “se produjo un incendio en un albergue de migrantes” (…) “tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue, y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”. Ninguno de los tres representantes de medios presentes en esa mañanera, elegidos para hacer preguntas, reiteraron sobre los hechos que marcarán el gobierno de López Obrador.
El presidente tampoco mencionó que los custodios los habían dejado encerrados. Quiso matizar que estaban en un “albergue”, y no hacinados en un centro de reclusión. Pero las cosas cambiaron al día siguiente, cuando un video comenzó a circular en medios de comunicación y se observó la barbarie que corresponsabilizaba a los custodios, trabajadores de una empresa “patito” subcontratada por el INM.
El discurso presidencial se desvaneció dejando entrever que, al presidente no le informaron bien, o desde la mañanera del martes quiso deliberadamente minimizar una de las tragedias que marcarán su gobierno.
El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.