Morena es el aparato de López Obrador para orquestar y definir sus objetivos. Lo que de Morena salga es propiedad del presidente, no importa si son gobernadores, legisladores, secretarios, ministros, comisionados o consejeros. Todas y todos deben obedecer, sin que haya de por medio análisis o consenso, y mucho menos crítica, de lo contrario, serán expulsados del paraíso llamado 4T.
Es cierto que algunos y algunas, quienes iniciaron en el gobierno de AMLO, se han revelado por no seguir, a pie juntillas, los deseos del inquilino de Palacio Nacional. A cuatro años, la lista es extensa de los desertores o desterrados, por lo que ahora reciben dardos envenenados, enviados desde la mañanera.
Lo sucedido entre la noche del viernes 28 y la madrugada del sábado 29 de abril, refleja dicha subordinación ciega, cuando Morena y sus aliados aprobaron 20 reformas y leyes secundarias, a lo que la oposición calificó como la “negra noche”, y que significó uno de los procesos menos democráticos dentro de una democracia. Se manipularon, sin ningún pudor, las normas y éticas legislativas por órdenes de López Obrador, y así usar este poder para satisfacer sus intereses personales.
López Obrador es experto en trastocar las instituciones para imponer sus propias leyes. Recordemos el plantón del 30 de junio de 2006, y después, el 20 de noviembre, su autoproclamada presidencia legítima. Todo ello, saltándose las resoluciones que las instituciones electorales como el IFE, el Tribunal Electoral e incluso la SCJN, habían establecido. Ahora que tiene el poder real en sus manos, y a menos de dos años de que termine su mandato, se encuentra en una marcha contrarreloj para cambiar, dislocar o eliminar, lo que considera necesario, sin necesidad de consultar con nadie y sin realmente evaluar los resultados, a favor o en contra, para la sociedad mexicana.
El trasfondo en la aprobación fast track, de esa veintena de leyes trasciende, ya que van desde la llamada “3 de 3″, por una vida libre de violencia, la reducción de edad a 18 años para ser diputado, hasta la creación de la aerolínea militar, la desaparición del Insabi, la Ley Minera, la desaparición de la Financiera Rural o la Ley General de Turismo.
De haber sesionado como lo marca la ley, varios de esos cambios hubieran recibido unánimemente la aprobación del oficialismo y la oposición, por ejemplo, la ya mencionada “3 de 3″, o bien, la Ley General de Cambio Climático, incluso la Ley General de Movilidad y Seguridad Civil. Pero otro ramillete de leyes no, como aquellas en donde se asoma el tufo de la continua esencia de militarizar nuestra vida diaria. Las Fuerzas Armadas volvieron a ser una de las ganadoras de este chapucero amarre legislativo.
Sus leyes siguen militarizando instituciones, lo cual no sólo es imperdonable para un demócrata, sino que contradice las promesas originales de un hombre que alguna vez se dijo ser de izquierda. También evidencia que busca centralizar la toma de decisiones, lo cual representa una amenaza para dar certeza a grupos minoritarios, a ideas diversas y diferentes, a la construcción de una sociedad abierta y tolerante, inclusiva y alternativa. Es evidente que se quiere imponer una única forma de pensar, de entender y de interpretar la realidad política y pública de México.
El presidente ansía cambiar por cambiar, sin debate ni consenso y basado en su único criterio del bien y del mal. Para ello se ha dispuesto a violentar los procesos. Ahora, la SCJN le espera, no porque esté alineada a la oposición o sea conservadora, simplemente porque en un Estado de derecho, así se dirimen las anomalías.
Un verdadero cambio de la sociedad depende del fortalecimiento de las instituciones. Si estas requieren ser transformadas, entonces deben ser consensuadas con sectores heterogéneos y que realmente representen a la diversidad de la sociedad, como los académicos, intelectuales, especialistas en políticas públicas, y no sólo los representantes de los partidos políticos, y mucho menos, de uno dominante que ha sido capaz de reciclar a muchos liderazgos de dudosa procedencia, del pasado, afines a viejos regímenes.
Al presidente le cuesta trabajo asumir una República de instituciones, a él lo que le gusta es el gobierno de un solo hombre, y esa visión en pleno siglo XXI no va con los cambios que se requieren. La ruptura en el Senado en aquella “negra noche” fue porque le antecedió otra orden del titular del Ejecutivo para que, sus súbditos legisladores, no votaran por los comisionados faltantes en el INAI, una institución clave para la transparencia. Incluso él pidió desaparecerla.
Pero que no se le olvide que desde el INAI se proporcionó información de lo sucedido con la ‘estafa maestra’, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A partir de este caso de corrupción, lo utilizó en su campaña como una de sus principales banderas narrativas para supuestamente encarcelar a los expresidentes.
Por ello, ahora no se entiende por qué quiere eliminar al INAI. Los mal pensados supondrán que es porque no quiere que se transparente ni investigue a su gobierno, y menos aún, a las Fuerzas Armadas que gozan de un poder creciente y más beneficiadas con las leyes aprobadas el pasado fin de semana.
Por fortuna, la sociedad mexicana obligó a los políticos del pasado, a construir instituciones. Ahora, seguramente no permitirá que se les quiten tan fácilmente, ya que vulneraría sobremanera el futuro democrático del país, pero también su voz y su voto. Para ello, los ministros y ministras de la SCJN, varios de ellos puestos por López Obrador, serán los responsables de preservar la institucionalidad de México… veremos lo que concluye, el sabio tiempo.
El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.