Difícilmente se puede negar que el combate al crimen organizado en México es uno de los principales fracasos de este gobierno.
El 22 de abril de 2019, López Obrador prometió que durante los siguientes szeis meses la violencia disminuiría en el país, a partir de su estrategia basada en tres pilares: la creación de la Guardia Nacional, erradicar la corrupción y contribuir al bienestar de las y los mexicanos.
Esa promesa incumplida se vio forzado a hacerla tres días después de la masacre ocurrida en Minatitlán, Veracruz, que dejó un saldo de 14 personas asesinadas en una fiesta, entre ellas un niño de apenas un año de edad.
Sabemos que el presidente siempre ha sido muy optimista en sus promesas y cifras, no obstante, normalmente contradicen a la realidad. Después de ese 22 de abril, durante los siguientes seis meses, aumentaron 494 los casos de incidencia delictiva, según cifras oficiales, al pasar de los 166 mil 338 casos ese mes, a los 166 mil 832 en octubre.
2018 había sido el año más violento en la historia de México, por ello la urgencia de que la naturaleza del crimen organizado comenzara a verse mermada, abatida y, mejor aún, eliminada. Ha sucedido todo lo contrario, las pruebas de que su crecimiento territorial, operacional, económico y delictivo se ha incrementado, son contundentes.
En 2022, 67 mil 318 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas, la mayor cifra anual desde que se registran estos agravios. Ya para mediados de 2023, y a falta de un año para que López Obrador concluya su gobierno, se superó la máxima cifra de homicidios dolosos en un sexenio, al rebasar los 156 mil asesinatos contabilizados en el periodo de Enrique Peña Nieto.
La detención y liberación de Ovidio Guzmán, casi instantánea, de aquel 18 de octubre de 2019, combinada con el desistimiento, de última hora, de cargos por narcotráfico y lavado de dinero por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en noviembre de 2020, después de intensas llamadas entre Ciudad de México y Washington, y del cambio repentino del presidente López Obrador del aplauso a la subordinación, dejó de manifiesto que el Estado mexicano sigue bajo amenaza y supeditado a los intereses del crimen organizado.
En efecto, años más tarde, en el actual 2023, Ovidio Guzmán nuevamente fue detenido, y no sólo eso, extraditado a Estados Unidos. No obstante, independientemente de la relevancia de su captura, el Cártel de Sinaloa y otros más, siguen tan vigentes y campantes mostrando su influencia y predominio.
Lo visto el sábado pasado, en el poblado de San Gregorio Chamic, en la Frontera Comalapa, Chiapas, cuando ingresaba una caravana de más de una docena de camionetas blindadas con hombres armados, pertenecientes al Cártel de Sinaloa, que se encuentra en franca disputa territorial contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de los migrantes, el trasiego de droga y manipulación del precio de los productos de la canasta básica, deja entrever una calamitosa realidad que se ha asentado en México.
No sólo porque vemos la facilidad con que las redes criminales se extienden a todo el territorio mexicano, sino que a plena luz del día, se evidencia la claudicación de la sociedad civil a las dádivas y falsa seguridad que les ofrece el narcotráfico, pero al mismo tiempo, vemos la ausencia total de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.
Si a todo esto le sumamos el desolador estudio que publicó la prestigiosa revista Science, con sede en Washington DC, donde afirma que los cárteles mexicanos son el quinto empleador en el país, entendemos con mayor claridad cómo los narcotraficantes están haciendo mejor, lo que es obligación del Estado mexicano. Si de regalar dinero se trata, lo hace más y mejor el crimen organizado, al igual que la creación, al margen de la ley, de actividades remuneradas que benefician el boom de las estructuras criminales.
¿Ahora qué sigue? En este gobierno que agoniza, la batalla está perdida. El presidente López Obrador ha manifestado una y otra vez que mantendrá su fallido slogan de “abrazos, no balazos”. Pero nos aproximamos a junio de 2024, donde habrá elecciones, y con ellas, además de un muy probable involucramiento del crimen organizado, también se sabrá si quien gane mantendrá la misma inercia, o sucede un necesario cambio a profundidad, empezando por generar desarrollo en los municipios de México, generar educación y empleos de calidad y… una institución de seguridad civil, capaz de combatir, de una vez por todas, a los cárteles mexicanos.
El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.