La pandemia por el virus Sars-CoV-2 ha representado importantes desafíos para todos los gobiernos del mundo. El uso de recursos públicos de forma extraordinaria para adquirir bienes y servicios ha sido una de las acciones implementadas para contener, atender y monitorear la crisis sanitaria, y propiciar una recuperación gradual en todas las áreas que se han visto afectadas.
México suscribió, a fines de agosto de 2020, un contrato con la iniciativa COVAX Facility, promovida por la Organización Mundial de la Salud, y logró negociar, de manera bilateral, la adquisición de vacunas en desarrollo con las farmacéuticas Pfizer, CanSino, AstraZeneca y Sinovac. A partir de ello, se incrementó el número de solicitudes presentadas ante la Secretaría de Salud (Ssa) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con relación al contenido de los contratos de precompra de las vacunas. En un primer momento, la SRE (gestor diplomático en las negociaciones de precompra) y la Ssa (encargada de la adquisición) clasificaron la información como: 1. Confidencial, al haber firmado contratos de confidencialidad con las farmacéuticas; y 2. Reservada, por poner en riesgo negociaciones internacionales en curso para asegurar la adquisición y entrega de vacunas.
Derivado de esas respuestas, a la fecha el pleno del INAI ha resuelto 52 recursos de revisión en materia de contratos para la adquisición de las vacunas anti-Covid-19 (24 presentados en contra de la SRE y 28 contra la Ssa).
Posterior a un trabajo de análisis conjunto entre el INAI y la SRE, en el cual se llevaron a cabo las pruebas de daño (para examinar que era necesario testar) y de interés público (para reconocer la pertinencia de hacer pública la información), la SRE entregó la versión pública de los contratos signados entre el gobierno de la República con las referidas farmacéuticas (cuidando que no se afectara las negociaciones en curso, ni se pusiera en riesgo la entrega de vacunas). Incluso, en un ejercicio de transparencia proactiva creó la plataforma ‘Gestión Diplomática de Vacunas Covid-19′, en la que difunde la versión pública de dichos contratos; así como la cantidad de vacunas anti-Covid-19 que se reciben desde diciembre de 2020.
Por otro lado, la Ssa ha promovido, a través del Consejero Jurídico de la Presidencia, 14 recursos de revisión en materia de seguridad nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las determinaciones del INAI relacionadas con la publicación de los contratos señalados.
Los argumentos de la Ssa resultan contradictorios a la postura que el titular del Poder Ejecutivo ha promovido en varias de sus comunicaciones públicas, respecto a transparentar la información de los contratos celebrados para la adquisición de vacunas para atender la emergencia sanitaria. Por ejemplo, en su conferencia del 12 de enero, éste señaló e instruyó al canciller Marcelo Ebrard Casaubón: “Nosotros no vamos a reservar nada. Es transparencia total, absoluta… la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos”. Aunado al hecho que, la postura de la Ssa para resguardar información que ya es pública (cuatro contratos en versión pública disponibles en la plataforma de la SRE) y que, a la fecha, no ha afectado la estrategia nacional de vacunación por el hecho de haber sido difundida, contraviene lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a la obligación de los sujetos obligados para hacer del conocimiento de los solicitantes la fuente, lugar y forma para consultar información que sea de su interés y que ya se encuentre disponible públicamente en formatos electrónicos (como internet).
La actual crisis sanitaria ha mostrado la necesidad e importancia de reforzar la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el objeto de incrementar la capacidad de planeación, ejecución y monitoreo de acciones esenciales para enfrentarla, de lo contrario se abre la puerta a riesgos de integridad en la administración del gobierno.
El autor es comisionado del INAI.