Con la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014 inició la construcción de una política de transparencia de alcance nacional con la que se ha logrado la consolidación del uso de tecnologías de la información para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información (DAI) y la eliminación de asimetrías en la forma de difundir la información del gobierno a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En casi seis años de operaciones, la PNT se ha convertido en un instrumento de rendición de cuentas sujeta a constantes actualizaciones para perfeccionar su funcionamiento e intensificar su uso como medio para ejercer el DAI; hoy es el repositorio de información gubernamental más nutrido a nivel nacional con más de 6 mil 500 millones de registros en sus obligaciones de transparencia, las cuales son de fácil acceso para cualquier persona.
Asimismo, de 2003 (inicio del ejercicio del DAI) a 2015 eran realizadas al año, en promedio, 200 mil solicitudes. A partir de la entrada en operación de la PNT en 2016, este promedio se incrementó a 400 mil; en tanto, desde 2019 son realizadas más de un millón de solicitudes al año. Actualmente, y desde el inicio de operaciones de la PNT, han sido presentadas y gestionadas 5.1 millones de solicitudes y 300 mil recursos de revisión de los sujetos obligados de todo el país.
Así, es posible afirmar que el ejercicio del DAI ha tenido una etapa intensiva en su desarrollo; sin embargo, ahora se requiere dirigir mayores esfuerzos para lograr un mayor acercamiento de la población a este derecho, es decir, generar una transparencia extensiva:
1. Ampliación de población beneficiada. En general, la sociedad enfrenta dificultades para ejercer cualquier derecho, situación que se potencializa con personas en situación de vulnerabilidad: mujeres, adultos mayores, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad o comunidades indígenas.
2. Brecha digital. En México 72 por ciento de la población (de seis años o más) usa internet, y 28 por ciento de la población ‘no usuaria’ (mayormente concentrada en personas de nivel socioeconómico bajo o mayores de 55 años) manifiesta falta de interés o de recursos económicos para no usar el servicio, de acuerdo con el 17° Estudio Sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2021.
En ese sentido, si bien es significativo que la brecha de acceso digital procure cerrarse, también es importante explotar las herramientas disponibles para facilitar el acceso equitativo a la información; por ello, desde el Sistema Nacional de Transparencia, se han llevado a cabo esfuerzos importantes como ha sido la puesta en marcha del servicio nacional de atención ciudadana TELINAI, para que cualquier persona, por medio de una llamada telefónica convencional, realice solicitudes, seguimiento y obtenga respuesta, lo que amplía la posibilidad de acercar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales a aquellas personas que no cuenten con acceso a internet.
Por otro lado, resalta que actualmente poco menos de la tercera parte de la población de México (28 por ciento) vive en municipios de menos de 70 mil habitantes y estos representan 87 por ciento del total de municipios en el todo el país. Y para acercar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales a esta población se requieren acciones incluyentes que permitan identificar la forma como necesitan conocer información. Sin duda, en la generación de estrategias para su atención juegan un papel fundamental los organismos garantes de la transparencia de las entidades federativas, ya que estos conocen de manera más clara la dinámica de esas poblaciones.
Como parte del proceso de rendición de cuentas, la transparencia resulta esencial para avanzar hacia una comunicación efectiva, abierta e innovadora entre población y gobierno, orientada a combatir la corrupción, mejorar los servicios públicos y responder a las demandas ciudadanas actuales.
El autor es comisionado del INAI.