El daño al Poder Judicial está hecho. Parece que ya no hay marcha atrás e inicia la cuenta regresiva para que por primera vez en la historia de nuestro país la ciudadanía pueda elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras a través del voto popular.
Expertos y analistas han alertado sobre los riesgos que entraña este nuevo ordenamiento que modifica al Estado mexicano, tanto operativa como políticamente, pues se corre el riesgo del que el Poder Ejecutivo se imponga sobre el Legislativo y el Judicial sin ninguna cortapisa.
Entramos a un estado de incertidumbre e indefensión jurídica. Ahora cualquier ley se podrá cambiar a conveniencia y prácticamente sin necesidad de un diálogo de por medio.
En la lucha por el poder, los partidos arrastraron a la SCJN, y el más fuerte se quedó con todo. La puerta está abierta para que se aplique la voluntad de un partido —que no la voluntad popular— porque nuestros ‘representantes’ lo que menos hacen es representarnos, como quedó evidenciado una vez más con la aprobación de una reforma constitucional pese al rechazo, renuencia y advertencias de académicos, estudiantes y empresarios.
La modificación del Poder Judicial era necesaria. Pero se ha perdido una gran oportunidad para un cambio integral, pues la reforma no alcanzó al sistema de procuración de justicia, léase fiscalías y los ministerios públicos.
Se nos dijo que la reforma pretende democratizar ese poder, acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, pero la deja igual de abandonada. Elecciones no son lo mismo que representatividad.
La selección de jueces mediante voto popular no es garantía de nada. Podemos afirmar que este ejercicio inédito terminará igual que los comicios de diputados, senadores, munícipes y gobernadores: creando a otra casta privilegiada que lo que menos hará es rendir cuentas a la ciudadanía y sin garantías de su capacidad, profesionalismo, transparencia, preparación y honestidad.
Los jueces y ministros sujetos a elección popular entrarán en un juego político, aun cuando la justicia —se supone— no debe tener colores partidistas. En el intento de democratizar al Poder Judicial lo único que se logró fue extender el modelo partidista a este espacio, que para nada era inmaculado, pero ahora se vestirá abiertamente del color más popular según la ocasión.
En esta confusión e incertidumbre, no ha habido una comunicación clara y sencilla que exponga las bondades de la reforma judicial.
Nadie se ha dado el tiempo de explicar con lujo de detalle y con un lenguaje directo las ventajas de este nuevo rumbo, de este cambio tan profundo aunque incompleto por el desconocimiento, pereza y desidia de los diputados y senadores.
Sería muy bueno que las personas que promueven la reforma judicial dieran a conocer un resumen en la prensa escrita, electrónica y en redes sociales sobre los beneficios que tiene la iniciativa. Pero tal vez ni siquiera ellas lo saben.
SOTTO VOCE
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