MIAMI, Florida.- Después de las audiencias en el Congreso que revelaron la escandalosa injerencia presidencial para evitar que Joe Biden asumiera el cargo que ganó en las urnas, el Departamento de Justicia estará obligado a actuar en su contra.
A los testimonios de los funcionarios republicanos de Pensilvania, Arizona y Georgia, se suman los de la presidenta del partido y de los ex altos funcionarios del Departamento de Justicia.
Ronna McDaniel, presidenta del Partido Republicano, testimonió en las audiencias del Congreso que el entonces presidente Trump le pidió reunir electores falsos en esos estados, y él arreglaría que los dejaran entrar a las sesiones del Colegio Electoral.
Los testimonios de la conducta delictiva de Trump que hacen inevitable la judicialización del caso, son los de tres altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el de Jeffrey Rosen, procurador en funciones en la recta final del gobierno trumpista.
Todos esos declarantes, hay que subrayarlo, son miembros del Partido Republicano.
El exprocurador Rosen dijo que Donald Trump le pidió, personalmente en el Salón Oval de la Casa Blanca, que declarara la invalidez de las elecciones.
Ante la negativa del procurador Rosen, el presidente de Estados Unidos le dijo: “Entonces tú declaras a la prensa que las elecciones fueron corruptas, y a mí déjame lo demás”.
Rosen le respondió, en su cara, con cuatro palabras: “Por supuesto que no”.
Luego el presidente buscó al entonces subprocurador Jeffrey Clark, un hombre sin escrúpulos que llegó al cargo sin mérito alguno, y le hizo la misma petición.
Clark le contestó: usted me hace procurador y yo me encargo de presionar a la gente de Georgia y Arizona.
Trump aceptó el trato, pero cuando se filtró que Clark sería nombrado jefe del Departamento de Justicia, la plana mayor de la institución, incluidos los otros subprocuradores, le enviaron un mensaje al presidente en que le advertían que si nombraba a Clark como procurador ellos renunciarían de inmediato.
Simultáneamente a estas revelaciones hechas la semana pasada en el Capitolio, el Departamento de Justicia allanó la casa de Clark en busca de documentos.
También giró citatorios formales a los funcionarios de Pensilvania, Georgia y Arizona para que declaren sobre sus testimonios dados en el Congreso.
De esa manera no sólo se conoce la verdad del presunto delincuente electoral Donald Trump, sino la ruta se enfila hacia la formación de un gran jurado para darle cauce legal a los delitos del expresidente que maniobró para desconocer su derrota.
Los resultados políticos –hasta ahora– pegan directo a la ‘marca Trump’.
El porcentaje de votantes estadounidenses que apoya la presentación de cargos criminales contra Trump aumentó de 52 por ciento en abril, a 58 por ciento la semana antepasada.
Donald Trump está en el centro de una conspiración criminal, toda vez que los videotestimonios mostraron al presidente interviniendo de manera personal para plantar electores falsos e inventar votos.
Asimismo, complicó los intentos de los republicanos pro-Trump de reconstituir la coalición de independientes que podrían apoyarlo en una campaña presidencial en 2024 (aunque las audiencias probablemente no tendrán ningún efecto en su núcleo duro de seguidores).
Las audiencias pusieron ante millones de televidentes (sólo los primeros cuatro días fueron vistas por más de 40 millones de estadounidenses) el dañino testimonio de funcionarios electorales republicanos –no demócratas– que resistieron las presiones de Trump para violar la ley.
Y quizá lo más importante es que la abrumadora cantidad de evidencias contra Trump elevó la presión pública sobre el procurador general Merrick Garland para actuar legalmente contra el expresidente.