Los que juzgan el bienestar de un país sólo por el comportamiento de la economía, deben estar sorprendidos por la buena marcha de Nicaragua.
Exporta como nunca y entran dólares e inversiones como no se había registrado antes en ese país.
Algunos economistas mexicanos que sólo ven esa parte de las naciones que analizan, seguramente tendrán una gran opinión del presidente vitalicio Daniel Ortega Saavedra.
El periodista Andrés Oppenheimer presentó (hace dos domingos) un programa sobre Nicaragua en CNN, y escribió un artículo en The Miami Herald en el que pregunta si Estados Unidos está subsidiando a la dictadura sandinista.
Da una serie de datos sólidos para que el lector saque sus conclusiones, y la respuesta es sí. Indudablemente sí.
Señala Oppenheimer que las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos rompieron el techo de los cinco mil 700 millones de dólares el año pasado, contra tres mil 200 millones de dólares en 2017.
Eso quiere decir que el brinco del comercio exterior nicaragüense fue de 78 por ciento en sólo seis años.
¿Cuál fue el resorte para esa bonanza del comercio exterior de Nicaragua?
El Tratado de Libre Comercio de América Central con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) entró en vigor en abril de 2006, antes de que Daniel Ortega asumiera la presidencia.
Durante el año pasado, las remesas de los nicaragüenses en el exterior sumaron mil 400 millones de dólares.
Esa cifra puede parecer pequeña en un país como México, que recibe de los paisanos en EU cinco veces esa cantidad… en un mes. Pero Nicaragua es un país con solo seis millones 700 mil habitantes.
Alrededor del 76 por ciento de esas remesas provienen de Estados Unidos. Así es que únicamente el dinero que mandan los nicaragüenses que viven en EU representa el 11 por ciento de su PIB.
Ortega, el dictador, mantiene una economía en razonable buen estado gracias al país que acusa de todos los males de Nicaragua, Centroamérica, América del Sur, el Caribe y el resto del mundo: Estados Unidos.
En días recientes Nicaragua fue de los pocos países que votó en la ONU en contra de la condena a Rusia por la invasión a Ucrania.
Libre Comercio con Estados Unidos y remesas de los nicaragüenses que viven en EU hacen que el dictador duerma tranquilo.
La administración Biden ha sido tibia con la satrapía de los Ortega (Daniel y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta), con sanciones limitadas a negar visas a 500 funcionarios y sus familias y restricciones leves a las importaciones de azúcar.
Hay dos razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos se ha abstenido de apretar la tenaza contra el régimen dictatorial, señalan los entrevistados en el programa transmitido por CNN: sacar a Nicaragua del CAFTA traería una crisis humanitaria en ese país.
Miles perderían el empleo y no habría para comer en amplias regiones del país.
Y el otro factor que frena una acción más decidida para castigar a Ortega es que se daría un éxodo aún mayor de nicaragüenses a Estados Unidos.
De esa manera el castigado no sería el gobierno despótico de Nicaragua, sino la administración Biden por el crecimiento de la inmigración ilegal y los subsecuentes costos políticos en las elecciones próximas.
¿Asombrados, economistas de corte liberal sólo en lo económico?
Sí, porque para ellos sólo importa una cara de la medalla.
El próximo lunes se dará a conocer oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe elaborado por un grupo de expertos de la organización, que acusa a Ortega y a su esposa de “crímenes de lesa humanidad”.
La acusación, de prosperar, llevaría a Daniel Ortega y a Rosario Murillo ante una Corte Penal Internacional, cuando dejen el poder o cuando los saquen del poder.
De acuerdo con reportes preliminares de agencias internacionales de noticias, el documento que se presentará el lunes identificó “la instrumentalización del derecho penal y del sistema de justicia para perseguir, imputar y acusar” a supuestos enemigos, hecho que afectó a políticos, organizaciones no gubernamentales (clausuró tres mil 144), defensores de los derechos humanos, periodistas, medios de comunicación, líderes estudiantiles y religiosos.
Lo anterior provocó el exilio de 260 mil ciudadanos para no convertirse en presos políticos, por lo que la mayoría de los periódicos independientes y organizaciones trasladaron su sede al exterior.
El 34 por ciento de los periodistas abandonó su oficio.
Viene en el reporte un listado de abusos del régimen, tales como ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, retiro de nacionalidad y tortura.
El Grupo de Expertos precisa en su informe que desde 2018, Ortega-Murillo “convirtieron al Estado en un instrumento para perseguir y criminalizar a críticos… (así como) implementó un plan de destrucción y desmantelamiento democrático para eliminar, por distintas vías, cualquier tipo de oposición”.
Ortega lleva 16 años consecutivos en la presidencia, y en su más reciente reelección encarceló o expatrió a los candidatos opositores para ganar sin problemas.
Hace un par de semanas le quitó la nacionalidad y deportó a 222 opositores o críticos.
Sus pertenencias fueron requisadas y pasaron a poder del Estado, como el emblemático periódico La Prensa, de la familia Chamorro.
¿Les gusta un régimen así?
A algunos economistas mexicanos, sí.
Y no porque sean simpatizantes sandinistas o alguna vez en su vida hayan sido “revolucionarios”.
“La economía va bien”, dicen.