Mil seiscientas dieciséis páginas sustentan el fallo de los jueces argentinos para condenar a seis años de cárcel e inhabilitar de por vida a la vicepresidenta y ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
El presidente de ese país estalló contra el poder Judicial de Argentina este jueves, cuando se dieron a conocer los fundamentos para castigarla.
La presidenta, durante su cargo, era “la cabeza de una organización delictiva creada desde el Estado para beneficiar con contratos millonarios” a un empresario que devolvía parte del dinero por medio de otros contratos a empresas de la familia de Cristina Kirchner.
Los jueces estiman en unos 500 millones de dólares lo que la líder peronista estafó al erario de su país.
En diciembre se dio a conocer la sentencia de los magistrados, y este jueves 9 de marzo se hizo público el documento que sustenta la sentencia.
Desnudo ha quedado el populismo latinoamericano, que en diciembre salió en bloque a condenar al poder judicial argentino por castigar el atraco a los dineros públicos perpetrado por la actual vicepresidenta.
Cuando ellos roban no es corrupción.
Han hecho creer que son moralmente superiores y que esa cercanía con la divinidad los exime de rendir cuentas.
Y cuando son sorprendidos, como fue el caso del ex secretario de Obras Públicas en el gobierno de Cristina Kirchner, José López, acusan que se trata de una maquinación de la derecha, de los conservadores, de los privilegiados que pierden sus canonjías.
Como se recordará, López fue sorprendido in fraganti cuando escondía bolsas con dólares en un convento. Maldita derecha, y sus complots, protestaron los “moralmente superiores”.
La solidaridad de los presidentes populistas latinoamericanos se expresó con fuerza, y pudieron cubrir el evidente hecho delictivo, con palabras acusatorias contra el poder Judicial y los fiscales.
Dice el informe de los magistrados argentinos que “la política pública que su gobierno (de CK) pregonaba, presagiando un beneficio sin precedente para la extensa provincia patagónica escondía, cual caballo de Troya, el presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”.
Apunta el documento de los magistrados que “la magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”: desfalcar las finanzas del Estado que encabezaba.
El ministro del Interior (Gobernación), Eduardo de Pedro, persona que pertenece al clan de la señora Fernández, dio como respuesta el jueves el siguiente párrafo: “Un día como hoy, un 9 de marzo, 9 de marzo de 1956, el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu firmó un decreto que proscribía al peronismo como fuerza política y supuso el exilio de Juan Domingo Perón”, fue el elegido por los jueces para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner de participar en política.
Todas sus fechorías, al hallarse descubiertas, se cubren con analogías históricas que tienden a sublimar lo que es pillaje puro y llano.
El documento de los magistrados es certero, profesional e implacable:
“La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido, al ex Secretario de Obras Públicas José Francisco López, al ex Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al ex Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes, Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.
Agrega que “para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad; seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción; y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
Los abogados de la vicepresidenta (que actualmente cuenta con fuero) tienen diez días para apelar la sentencia y mandar el caso a un tribunal de segunda instancia.
Igual puede hacer el empresario Lázaro Báez, el que hizo negocios con el clan Fernández Kirchner, pero como él no tiene fuero, actualmente está preso, con una condena de 12 años por lavado de dinero de procedencia ilícita.
Se creyó intocable el empresario Báez, porque hacía negocios fraudulentos con la familia presidencial, de izquierda, protegida por el aura del populismo que les permite actuar por encima de la ley pues son moralmente superiores.
Doce años por lavado de dinero. Más los que vengan por asociación delictuosa con los gobernantes.
Allá también hay jueces.