El próximo presidente estará maniatado por el Ejército, a quien López Obrador metió a los negocios grandes y cubrió con el manto de la opacidad para ocultar por años en qué gasta el dinero.
¿Cómo van a sacar a los militares de ahí?
Durante su gobierno el presidente López Obrador no quiso crear una alternativa civil para la seguridad pública. Dejó al Ejército, y la Guardia Nacional seguirá siendo un apéndice del instituto armado.
Quien llegue a la presidencia de la República tendrá esa herencia de López: el Ejército en las calles y en los negocios.
El daño parece no tener cura, gane quien gane en 2024.
Hay casos de corrupción selectiva de la cúpula, en un instituto armado de mando vertical, lo que es veneno para la nación.
Y con toda la desconfianza de Estados Unidos para colaborar en tareas de seguridad, porque lo ven penetrado por los grandes cárteles y con jefes dedicados a los negocios que les heredó López.
Quién es el guapo, o la guapa, que arregla eso.
Los argumentos de López Obrador para entregarles poder y negocios a los militares son válidos hasta para justificar un golpe de Estado: sólo ellos pueden garantizar el buen funcionamiento de organismos civiles porque tienen disciplina y no son corruptos.
Franco y Pinochet pensaban lo mismo que AMLO.
Con ese argumento, pongan a los militares a legislar porque en el Congreso seguro hay corrupción. Y a impartir justicia, que vayan los militares porque hay jueces corruptos.
Pero el hábito no hace al monje.
No hay institución impenetrable a la corrupción si la ponen a manejar miles de millones de dólares sin necesidad de rendir cuentas. Ni en El Vaticano. Hasta “el banquero de Dios” (arzobispo Paul Marcinkus) se corrompió.
El próximo secretario de la Defensa no lo va a nombrar quien asuma la Presidencia el próximo año, sino el general Sandoval.
López Obrador los hinchó de poder y de dinero al grado de que, por lo visto, ya no puede con ellos.
Cuando detuvieron en California al exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, el Presidente lo festejó en su conferencia mañanera y señaló que era un ejemplo de la corrupción neoliberal.
A las 24 horas cambió radicalmente de opinión y le pidió a su “amigo” Donald Trump que intercediera ante el fiscal general, William Barr, para que liberara al general.
Los cargos contra Salvador Cienfuegos estaban sustentados en dichos de testigos de la DEA, igual que en el caso Genaro García Luna.
Lo que opina Barr sobre nuestro Presidente, a quien señala como el gran obstáculo para combatir a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, habla por sí mismo.
Dice la Constitución en su artículo 129: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
La herencia de López al siguiente gobierno será de militares en la construcción de carreteras federales, de puertos, de aeropuertos, un banco con mil 700 sucursales y su equipamiento, de ferrocarriles, redes de telecomunicaciones, sistemas satelitales y otras obras de ingeniería, además de la administración de esas nuevas empresas, más aduanas, una línea aérea, complejos turísticos, hoteles…
Únicamente en la construcción del Tren Maya, el gasto será –según los cálculos del Presidente la semana pasada– de 15 mil millones de dólares. Y también lo va a operar el Ejército cuando entre en operación.
El tren consumió el año pasado 185 por ciento más presupuesto del que tenía aprobado: 63 mil 603 millones de pesos para 2022. Pero el gasto fue de 181 mil 544 millones de pesos.
¿Qué pasó? No se sabe porque es información reservada por seguridad nacional. Todas las obras que realizan el Ejército y la Marina están reservadas por seguridad nacional. Todas.
“Nosotros no nos reservamos nada, nada, nada, no tenemos nada que ocultar”, dijo el presidente López Obrador, lo cual, obviamente no es verdad. Y cuando se le preguntó el motivo de encriptar la información de Sedena y Marina, contestó:
“No, no, no, es que tenemos que protegernos, porque la DEA está informándoles a Proceso y a otros. Ahora resulta que el Pentágono le informa al Washington Post, hackean… vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono, y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA”.
Sobre la reserva de los contratos con la empresa Antsua, proveedora del software de espionaje Pegasus, dijo:
“No va a pasar nada, porque la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y el gobierno de la República son respetuosos de los derechos humanos y no se hace espionaje, como se hacía antes, y lo que queremos es no facilitarles el trabajo”.
De acuerdo con The New York Times, México es el principal comprador de Pegasus y el país donde más se usa. Su cliente único es el Ejército. Y se espía, por lo menos y comprobado está, a defensores de derechos humanos y a periodistas. Para López Obrador eso no es espionaje sino “inteligencia”.
El ritmo de vida del secretario de la Defensa y su familia, con viajes a Nueva York, Moscú, Roma, Santo Domingo, etcétera, en hoteles de lujo, más personal militar que le acompaña (El Universal, lunes 17), no tiene importancia. A la pregunta sobre el tema del general, ayer contestó:
“Ahhh!, su familia, a lo mejor sí, a lo mejor su familia sí, y qué ¿cuál es el problema?, bueno… no, no no no, y este... Loret de Mola, o sea, este... y los Junco del periódico Reforma, Ealy Ortiz… o sea que me van a estar diciendo ése es su dinero… No, no, no, no, también ese dinero que manejan es dinero público, ¿qué no venden protección?, ¿qué no venden publicidad gubernamental? No, pero son otras implicaciones, ¿no?”.
Si lo hace el general secretario está bien: “¿Y qué?”.
Si lo hacen particulares es corrupción.
El Ejército en los negocios. Uno de los capítulos de la herencia de López a quien gobierne el país a partir del 1 de octubre del próximo año.