Los acosadores de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confluyen en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que encabeza la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.
Para mañana está citada una manifestación “masiva” de morenistas en contra de los “pseudoministros corruptos” e impulsar su destitución para dar paso a la elección de los integrantes del máximo órgano constitucional de la República, como lo ha pedido el jefe del Poder Ejecutivo.
La manifestación es convocada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el Frente Internacional Obradorista, que encabeza Armando Monter Jacinto, un gangster que ha estado preso por diversos delitos.
En la invitación al mitin de mañana está la imagen deformada de la ministra Norma Piña, y debajo de ella los rostros de los siete ministros que, junto con ella, no se han doblegado a las presiones del presidente López Obrador.
Sólo faltan los rostros de tres ministros, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar.
El día en que los gobernadores de Morena se reunieron con el Presidente en Palacio Nacional, al terminar el encuentro, el veracruzano Cuitláhuac García caminó hasta las puertas de la Corte a solidarizarse con los manifestantes que tienen tomado el acceso principal del edificio.
Ahí les dijo que comparte sus demandas contra la corrupción de los ministros de la Suprema Corte. Dio su respaldo a la campaña de odio y violencia de un grupo porril.
Del plantón se fue al antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde despachan Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobierno, Martí Batres.
Como es del conocimiento público, el gobernador de Veracruz es promotor de la candidatura de la jefa de Gobierno para la Presidencia, lo mismo que el presidente del Senado, Alejandro Armenta, otro golpeador contra la presidenta de la Suprema Corte.
El plantón que bloquea el acceso a la Corte, con pancartas y amenazas a la ministra Norma Piña, lo encabeza Armando Monter Jacinto, jefe del grupo que junto con Cuitláhuac García convocan a la manifestación de hoy contra los “corruptos pseudoministros”.
(Cabe anotar que, de los 11 integrantes del Pleno de la Corte, sólo uno de ellos puede recibir el calificativo de pseudoministro, y es la señora Yasmín Esquivel, quien se tituló de abogada a través del fraude).
Monter Jacinto tiene denuncias por secuestro, agresiones a policías y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo cual, leo en la prensa, ha estado preso.
Es el mismo personaje que encabezó el bloqueo de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai).
Los movimientos de Monter, sus acciones violentas y amenazas a la integridad física de Lorenzo Córdova y ahora de Norma Piña, están sincronizados con las campañas de odio que nacen, personalizadas, en Palacio Nacional, y tienen su caja de resonancia en la sede de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En paralelo a los ataques contra la presidenta de la Corte que materializan los porros de la 4T, se dan los golpes de cuello blanco en la tribuna de la Cámara de Senadores, donde su presidente, Alejandro Armenta, acusa a la ministra Piña de amenazarlo con mensajes criminales (“sicilianos”, dijo).
En la tribuna, Armenta mostró un chat telefónico y haciéndose pasar por víctima, dijo: “Si lo que pretenden con este mensaje siciliano que me enviaron por WhatsApp es que retire la iniciativa (que plantea elegir a los ministros de la Corte mediante votación popular), no la voy a retirar, me sostengo”.
¿Alguien en su sano juicio puede creer que la ministra Piña lanza amenazas “sicilianas” al presidente del Senado? En los mensajes de la presidenta de la Corte no había amenazas.
Otro senador del equipo de Claudia Sheinbaum, César Cravioto, consideró indignante que nadie se solidarice con Armenta ante las amenazas de la presidenta de la Corte.
En Palacio Nacional, el jefe de todos ellos, Andrés Manuel López Obrador, se congratuló de la propuesta del senador Armenta para llevar a consulta popular la destrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como hace cuatro años se hizo con el aeropuerto de Texcoco (NAIM).
“Es un hecho, se puede probar, que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo, entonces sí, hay que renovarlo”.
Recordemos lo que escribió el presidente López Obrador, al inicio de su gestión, en el Plan Nacional de Desarrollo:
“Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública, por cuanto generalizó el ejemplo de la ilegalidad en sectores de la población. En el actual gobierno todos los empleados públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país, en la inteligencia de que sólo una autoridad respetuosa de la legalidad puede restaurar la confianza en ella por parte de la población. Lo anterior significa abstenerse de simulaciones de constitucionalidad como las que practicaron los gobiernos anteriores y, por lo que hace al gobierno federal, atenerse escrupulosamente a las delimitaciones impuestas por el pacto federal y la división de poderes. Explícitamente, el Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial”.
Después de la mentira, la realidad: el jefe del Ejecutivo, la jefa de Gobierno, el gobernador de Veracruz y el presidente del Senado destruyen a la Corte de Justicia. Hasta con porros.