La nueva acusación criminal de Georgia contra Trump y dieciocho cómplices conlleva el mayor peligro legal y político para el expresidente de Estados Unidos.
Si prospera, se acabó Donald Trump.
A diferencia de las otras tres, donde Trump podría perdonarse a sí mismo si gana las elecciones (en el caso de las acusaciones federales) o neutralizar (en el caso de la Nueva York), la de Georgia, por ser una acusación estatal, queda blindada del Poder Ejecutivo.
La fuerza de las evidencias incriminatorias acumuladas en las noventa y ocho páginas del encausamiento, incluidas grabaciones de llamadas telefónicas en las que solicitó violar la ley, es demoledora.
Es la más sólida de las cuatro acusaciones criminales.
A diferencia de las primeras tres, en que el proceso de apelaciones podría demorar la resolución de los casos por varios años, la fiscalía de Georgia tiene planeado someter a todos los acusados a un juicio colectivo antes de seis meses.
Incluso si Trump y los coacusados tienen éxito en lograr que el juicio de Georgia sea llevado a la esfera federal, analistas coinciden en que el encausamiento criminal tiene evidencias tan sólidas, que podría ser dañino en cualquier jurisdicción.
Bajo un escenario catastrófico para Trump, si es encontrado culpable en Georgia, podría pasar de cinco a 20 años en prisión.
En el corto plazo, la acusación fortalece la posición de Trump para ganar la nominación presidencial republicana hacia 2024.
La abrumadora mayoría de funcionarios electos republicanos, y dirigentes partidistas estatales, ya tomaron la decisión de ir con Trump hasta el final.
También le otorga al expresidente una plataforma ideal para agitar la bandera de la persecución política y reactivar su maquinaria de recaudación de fondos para su campaña y para su defensa legal.
Pero los elementos que le dan fortaleza en las primarias lo debilitan en las elecciones generales.
El espectáculo de Trump compareciendo en una corte de Georgia todos los días, durante meses, ante las cámaras de TV, con la exposición pública de su perversidad para revertir el triunfo de Biden, solicitar votos ilegales, inventar electores falsos y hackear los sistemas de computación, es tóxico ante los votantes independientes.
Un delincuente electoral exhibido ante sus connacionales y ante el mundo, no sería soportable para los electores de Estados Unidos.
Más aún, si Trump es convicto por las acusaciones de participar en una conspiración de delincuencia organizada, la franja de votantes que apoya el sabio dogma de ley y orden, con toda seguridad va a sentirse traicionada por las acciones del expresidente.
No hay que recordar que una porción de los votantes republicanos no desea que Trump se presente como candidato de su partido en las elecciones 2024.
Se trata de republicanos de vieja cepa, como los de Georgia, que se rehusaron a colaborar con Trump en una conspiración delictiva para revertir el triunfo de Joe Biden en el estado.
Bajo el escenario de un improbable triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre del próximo año, Estados Unidos entrará a un debate constitucional sin precedentes.
Los estadounidenses tendrían un posible presidente electo que, al mismo tiempo, ha sido convicto por algunas de las más serias acusaciones criminales en la historia de su país: encubrimiento, obstrucción de la justicia, delincuencia organizada y conspiración criminal contra la democracia.
Y por tratarse de un caso estatal, como el presentado por Georgia, no puede el presidente de la República perdonarse a sí mismo.
Es decir, tendría que gobernar desde la cárcel.