El Presidente no ha tenido empacho en abrir la chequera “del pueblo” para pagar los sobrecostos de la refinería en Dos Bocas, que pasó de 8 mil millones de dólares a 10 mil, luego a 12 mil, y la semana pasada a 16 mil millones de dólares. Terminará costando 22 mil millones de dólares y el mejor negocio para la nación será cerrarla.
Así es que el recorte del presupuesto al Poder Judicial no tiene nada que ver con “cuidar el dinero del pueblo”, sino que es una de sus apuestas por la quiebra del Estado de derecho.
López Obrador ve venir un posible triunfo de Xóchitl Gálvez en la elección del próximo año y no le entregará, por ningún motivo, la banda presidencial a quien según él representa a los “traidores a la patria”.
Otra pinza activada está en las acusaciones judiciales contra Xóchitl Gálvez, calcadas de las que en Venezuela le hicieron a la líder opositora María Corina Machado, que la inhabilitaron por 15 años para desempeñar puestos públicos.
Machado, la que le puede ganar a Maduro el próximo año, fue inhabilitada para contender por la Presidencia de Venezuela.
El Presidente y su grupo cercano (no todo el gobierno) no van a soltar el poder, aun si para ello necesitan realizar una barbaridad mayúscula.
Son capaces de todo, antes que aceptar su fracaso y la alternancia.
Una de las primeras tareas de la oposición y de las organizaciones civiles que han tenido el valor de plantar cara al despotismo presidencial, después de la votación del domingo, tal vez sea crear una red de información internacional.
En el exterior se debe saber del peligro de una ruptura del orden democrático en el principal socio comercial de Estados Unidos.
Eso que tanto se dijo que no iba a pasar, sí puede ocurrir.
López Obrador no respeta la ley electoral, aunque haya dicho lo contrario. No lo ha hecho ni lo hará.
Un mes después de tomar posesión de la Presidencia hizo pública su licencia como militante de Morena porque iba a “gobernar para todos los mexicanos”.
Al empezar esta semana dijo en su conferencia matutina que él fue quien prohibió los debates entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.
¿No que había pedido licencia?
Fue un cuento para incautos y aduladores.
Ante el recorte presupuestal al Poder Judicial que anunció el Presidente, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, respondió con claridad:
“El debilitamiento de las funciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino que nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”.
¿Se le tomó el peso a lo que dijo la presidenta de la Corte?
El aumento presupuestal que pide para el Poder Judicial es de 4 por ciento real, es decir, 5 mil 630 millones de pesos.
López Obrador pidió cortarle entre 15 mil y 25 mil millones de pesos.
Y a la ministra presidenta la acusa de cínica y violadora de la ley.
Hay que insistir: son palabras mayores.
Palabras mayores de alguien que mintió al anunciar el día de su toma de posesión que habría absoluto respeto a la separación de poderes.
Nunca hubo regateos con Arturo Zaldívar en la presidencia de la Corte. Era su aliado para la toma total del poder.
Se frustró la propuesta, formal, de extender el mandato de Zaldívar por dos años más al frente de la Corte.
Se frustró la propuesta de hacer presidenta de la Corte a una ministra que está en el cargo no obstante plagiar su tesis de licenciatura.
López Obrador no quiere al Poder Judicial funcionando a cabalidad el próximo año.
Estamos en la antesala de un golpe de Estado.
Quien no lo quiera ver, que no vea.
Pero se les dijo.