La guerra que se libra al interior del Partido Republicano de Estados Unidos golpea también al presidente Biden y, a fin de mes, dañará los bolsillos de los burócratas y los jubilados de ese país.
Es que, por ahora y desde acá, no se ve la manera cómo evitar el cierre de la llave presupuestal a partir del 30 de este mes.
Se le conoce como “el cierre del gobierno”.
Vamos por partes.
Los republicanos de la Cámara de Representantes decidieron emparejar el terreno de juego en la puja por la Presidencia de Estados Unidos.
A partir de esta semana se desató una frenética guerra de lodo contra los Biden, a través de una averiguación formal hacia un juicio político contra el presidente.
Esto ocurre a pesar de que, después de nueve meses de investigaciones, no se ha encontrado una sola evidencia de la comisión de un delito.
Aun si lo hubiera, la destitución de Biden es imposible, debido a que los demócratas controlan el Senado.
Fue un acto desesperado del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para salvar el pellejo.
Los ultras de su bancada, la republicana, lo tienen con una pistola en la cabeza: o cumple con sus demandas o inician un proceso para removerlo del cargo.
McCarthy también fue presionado por Donald Trump, cuya campaña busca ensuciar la imagen de Biden, a fin de nivelar la competencia, tal como lo hicieron con Hillary Clinton en 2016.
A Hillary le abrieron una investigación similar sobre la debacle en el consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia. No encontraron nada, pero el daño ya estaba hecho para la imagen de Hillary. Al final, perdió ante Trump.
La acción de McCarthy fue un acto de la más alta irresponsabilidad política, toda vez que lo hizo en medio de las difíciles negociaciones del Presupuesto para el año fiscal 2024.
Sólo faltan dos semanas de plazo, es decir unos cuantos días hábiles legislativos, para lograr un acuerdo.
De no lograrse, no habrá fondos para mantener a la burocracia de Estados Unidos.
Correctamente, el presidente Biden interpretó el inicio de la averiguación como un intento de los republicanos para cerrar el gobierno y culparlo.
Pero al interior de las filas republicanas hay profundas divisiones sobre el tema. De hecho, McCarthy rompió el protocolo e inició la averiguación del juicio político al presidente sin una votación previa, como ha ocurrido en todos los casos anteriores.
Su decisión de actuar de manera unilateral se debió a que carece de los votos dentro de su propia fracción para lanzar un juicio de destitución contra Biden.
Y es que los republicanos más moderados, incluido el líder de los senadores, Mitch McConnell, creen que si las acusaciones contra Biden carecen de sustento, el presidente podría salir robustecido, como ocurrió con Bill Clinton tras el juicio de destitución por el escándalo Lewinsky.
Pero no todos son buenas noticias para Biden, toda vez que las encuestas muestran que la mayoría del público estadounidense opina que sus acciones fueron sospechosas.
Seis de cada diez señalan eso, mientras que cuatro de cada diez creen incluso que el presidente cometió un acto ilegal. Una minoría de votantes considera que Biden pudo haber actuado de manera poco ética, pero no cometió un delito.
En el centro de la averiguación se encuentran las transacciones entre su hijo Hunter Biden y la empresa ucraniana Burimia.
Según los republicanos, hay pruebas de que el hijo del presidente recibió unos 20 millones de dólares por su trabajo como cabildero, a pesar de no tener ningún tipo de experiencia en la materia.
La Casa Blanca ha reaccionado con una posición a la ofensiva. Primero negó que exista evidencia sobre la comisión de un delito y después acusó a McCarthy de convertirse en líder de los voceros de Trump.
El presidente Biden ha tratado de evitar la controversia, pero no le ha sido posible, toda vez que la pregunta surge en cada una de sus apariciones públicas.
Así es que este mes marcará la intensificación de una guerra de baja intensidad entre las campañas de Trump y Biden.
El funcionamiento del gobierno federal, incluidos los pagos de seguridad social a jubilados, pagarían las consecuencias por un probable cierre del gobierno a partir del último minuto del 30 de septiembre.
Y no se ve cómo evitarlo.