El fraude en la elección presidencial del domingo ya está hecho. Las pruebas se encuentran a la vista de todos, son públicas.
Si fructifica, ningún magistrado que se precie de serlo puede declarar la legalidad del triunfo de la candidata del gobierno, Claudia Sheinbaum.
Mario Delgado, Sheinbaum y López Obrador llevan casi un mes hablando del posible fraude de la oposición. Todos los días.
¿Cuándo se ha visto, en México o en cualquier otro lugar del mundo, que la oposición cometa fraude electoral?
Los fraudes, cuando se dan, los cometen los gobiernos porque tienen la capacidad operativa y los controles para hacerlo.
Así es que Morena y sus máximos exponentes, cuando acusan de que ahí viene el fraude de la candidata opositora en realidad hacen como el carterista que en plena calle y para desviar las miradas grita “¡al ladrón!, ¡al ladrón!”.
Toda su vida política López Obrador se la ha pasado gritando fraude en su contra, y ahora que llegó al poder instrumenta el mayor fraude electoral de la historia.
Está en la Constitución que las autoridades federales y estatales quedan obligadas a guardar neutralidad en las elecciones.
Se reforzó en la Carta Magna el principio de neutralidad del poder público porque el entonces presidente, Fox, habló una o dos veces en la campaña de 2006 de los riesgos del populismo.
Y ahora AMLO interviene casi todos los días en la elección, lo que es abiertamente una violación reiterada a la Constitución.
De ganar Sheinbaum, su triunfo estará tocado por la ilegalidad que implica la intromisión del Presidente en los comicios.
Ayer el presidente López Obrador se despachó un discurso de ‘cierre de campaña’ con más brío que cualquier contendiente.
Dijo que la elección del domingo era el referéndum entre su proyecto y el de los conservadores que quieren regresar a los privilegios y la corrupción.
Tiene derecho a pensar lo que quiera y a comentarlo en privado, pero al hacerlo en un acto oficial, con recursos del gobierno, viola el principio constitucional de neutralidad del poder público.
Dijo ayer que “lo del domingo (2 de junio) es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta, no es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido, no; es elegir el proyecto de nación que queremos”.
“¿Queremos que el país siga siendo como antes, de un pequeño grupo, de una minoría, que engañaba? Porque no había democracia, era una oligarquía con fachada de democracia porque al pueblo no lo tomaban en cuenta, o ¿queremos sí, de verdad, que se establezca en México una auténtica, una verdadera democracia? Que es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”.
Esas son sus palabras, a seis días de los comicios.
No hay la menor duda de su intervención ilegal.
Además del discurso electoral de ayer, se pueden documentar todas y cada una de las intervenciones inconstitucionales del Presidente en la elección del domingo.
Se ha burlado de la candidata de oposición.
La imita con sarcasmo.
La insulta llamándola un instrumento de la oligarquía.
¿Sólo su candidata merece respeto?
De ganar Claudia Sheinbaum, su triunfo estará basado en el fraude a la ley perpetrado por el Presidente.
Falta añadir toda la acción ilegal de las dependencias del gobierno, cuyos funcionarios y empleados han usado los ‘programas sociales’ para inducir el voto en favor de la candidata oficial.
De consumarse el fraude de López Obrador, el Tribunal Electoral no puede validar una elección con esas ilegalidades que están a la vista de todos.
Mañana o pasado, cuando aparezcan las últimas encuestas sobre intención de voto, ahí veremos el efecto de la coerción del poder público a los electores con el condicionamiento de los programas sociales.
Y veremos el efecto de la intervención ilegal del Presidente.
Han construido una elección ilegal para hacer ganar a la candidata que escogió López Obrador.
Ningún tribunal puede avalar una victoria así conquistada. A la mala. Ilegal.
Aunque, tal vez, ni así les alcance.
Una votación masiva puede ser el antídoto del fraude.