Morena y sus aliados aprobaron el martes en comisiones legislativas una reforma constitucional para dar prisión preventiva oficiosa a quienes el gobierno presuma que evaden al fisco.
De una sospecha nadie se escapa. A la cárcel mientras se comprueba si es verdad o no que se cometió fraude fiscal.
El sesgo político del cambio constitucional aprobado en comisiones es inocultable. Forma parte del paquete de reformas tendientes a instaurar, por la vía legal, un régimen totalitario.
Sólo podrán vivir tranquilos los miembros del partido gobernante (Morena).
Tranquilos y en la impunidad, mientras no se salgan del corral.
Ay de quien se atraviese en el camino del gobierno, porque se le iniciará una auditoría que lo va a llevar a la cárcel antes de que ésta concluya.
Peor aún al empresario que se atreva a financiar a un candidato competitivo, de oposición a Morena. A la cárcel, por sospecha de evasión fiscal.
Qué paradoja. Los gobernantes morenistas pueden, si quieren, dar protección política y comisionar agentes judiciales al servicio de los capos de la cocaína o del tráfico de drogas sintéticas.
A cambio, los jefes de los cárteles les ayudan a ganar elecciones.
Eso ocurre en nuestros días. Lo estamos viendo, aunque nos quieran distraer con Claudio X. González y otras artimañas de mago viejo.
Una escalofriante muestra del espíritu que anima a los promotores de la reforma judicial es el cierre de filas y la operación de Estado para proteger a un gobernador.
Ese gobernador, Rubén Rocha Moya, llegó al poder con la ayuda del narcotráfico y fue señalado en la primera carta de Ismael Zambada desde Estados Unidos.
Para él, y otros como él, sí hay el beneficio de la presunción de inocencia que se le quiere negar al resto de los ciudadanos en materia fiscal.
Bueno, es mucho más que presunción de inocencia. Para el gobernador de Sinaloa hay defensa conjunta del presidente de la República, el dirigente nacional del partido y todos los gobernadores de Morena.
¿Qué fiscalía se va a atrever a ir contra esa aplanadora?
Difícil encontrar un mayor blindaje que el que se otorga al morenista que gobierna Sinaloa. Sin embargo, lo hay.
Con el paquete de reformas constitucionales en materia judicial que planteó el Ejecutivo –a resolverse en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso–, jueces, magistrados y ministros serán electos por votación universal.
Así se ata cualquier cabo suelto para garantizar el uso faccioso de la justicia, propio de los regímenes totalitarios.
O como lo expresó ayer el periodista José Carreño Carlón en El Universal: la reforma judicial, “igual que aseguraría impunidad para los suyos, el sistema serviría para someter desafectos en un imperio de impunidad”.
Eso ocurrirá si se aprueba la reforma judicial, salvo que alguien crea que los candidatos a jueces podrían ganar una elección contra el parecer del Presidente, los gobernadores y los jefes de plaza del crimen organizado.
Los aspirantes a jueces, magistrados y ministros necesitarán el visto bueno del Presidente, de los gobernadores y de las mafias.
A ellos deberán, también, su permanencia en el cargo. Sin su apoyo no se llega al puesto. Y contra su voluntad no se sostienen: habrá un Tribunal de Disciplina cuyos integrantes serán electos por el voto popular.
En lo económico, un sistema jurídico así de arbitrario alejará hacia otros países las inversiones que podrían llegar a México.
Los grandes contratos con el gobierno mexicano sólo se firmarían si se incluye una cláusula indicativa de que los diferendos jurídicos se dirimen en tribunales extranjeros. De otra suerte, no hay garantías de justicia imparcial.
En pocas palabras, con el sistema jurídico propuesto por López Obrador pasaríamos a ser un país con cero fiabilidad. Y con nuestros socios comerciales nos la llevaríamos de panel en panel.
Lo político ya está dicho: entraremos a un régimen totalitario.
“Esto no se acaba hasta que se acaba”, diría Yogi Berra. Cierto, y no habría que vivir mucho para saberlo.
Si los consejeros del INE, que se reunirán en sesión de Consejo General la próxima semana, le otorgan a Morena y aliados la mayoría calificada (indispensable para modificar la Constitución) en la Cámara de Diputados que los votantes no le dieron, no hay vuelta de hoja. Vamos de bruces al totalitarismo.
Bueno, sólo restará esperar la confirmación de ese atraco de parte de los magistrados del Tribunal Electoral.
Sí, los mismos que concluyeron que el presidente López Obrador no intervino en las pasadas elecciones presidenciales.