La caída de la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna, por manipular los datos del asesinato del exrector y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén, quema los pies del gobernador Rubén Rocha Moya.
Ella no movía la hoja de algún archivo sin la venia del gobernador, que la puso en el cargo a través de un medio propio de las mafias.
Fue la primera decisión que tomó al recibir la constancia de gobernador electo: le pidió al fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, que renunciara al cargo a pesar de que la fiscalía es ‘autónoma’ y al funcionario le faltaban tres años para concluir su encargo. Más le valía aceptar.
La prioridad de Rocha Moya era poner a Sara Bruna Quiñónez al frente de la fiscalía “autónoma” del estado para ejecutar venganzas políticas y personales, como efectivamente ocurrió.
Cómo se publicó en esta columna en marzo, la fiscal armó el expediente que presentó al Poder Judicial, y el Congreso desaforó y depuso al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, del PT, por una supuesta renta de camiones de basura.
No había tal, Estrada está libre, pero lo quitaron de la presidencia municipal de la capital sinaloense. Había competido contra Rocha por la candidatura al gobierno del estado.
La fiscal armó la carpeta contra el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, que fue el otro competidor interno de Rocha Moya por la candidatura al gobierno estatal.
El Congreso lo desaforó y para afuera del cargo al que había sido electo.
A Héctor Melesio Cuén, exaliado de Rocha, miembro de su gabinete al arranque del gobierno, le siguió un proceso de inhabilitación que estaba en trámite cuando el exrector ganó una diputación federal.
Cuén y Rocha Moya se transformaron en enemigos acérrimos. Era una espina en la garganta del gobernador, dado que el exrector controlaba la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuyo presupuesto es mayor que el de Culiacán.
La UAS es el único centro de poder fuera del control del gobernador. Además, Cuén era el fundador y líder del Partido Sinaloense (con más militantes que el PRI y el PAN). No era manco.
Ahora está muerto.
La fiscalía a cargo de Sara Bruna permitió la incineración del cuerpo de Cuén y falseó datos del lugar y la forma en que fue asesinado el exrector.
Por su parte, la Fiscalía General de la República tenía, el viernes de la semana pasada, una lista de cuando menos diez irregularidades serias en la investigación del crimen.
Me retiro del cargo, dijo la fiscal sinaloense, “para no entrar en controversias que puedan afectar carpeta alguna”.
Ella no se fue por su voluntad, sino que el gobernador le pidió la renuncia “como compañero de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir”.
Si fuera por el gobernador, Sara Bruna Quiñónez seguiría en el cargo. Alguien se lo pidió.
Luego de divulgarse un video (que traía las huellas dactilares del gobierno estatal) que presuntamente desmentía la versión del Mayo Zambada sobre el asesinato de Cuén, el presidente López Obrador mostró sus dudas sobre la autenticidad de ese material supuestamente probatorio del crimen.
Los hechos que fabricaba la fiscal de Rocha Moya se cayeron.
En Sinaloa hay miedo. Es latente una posible venganza de los leales al Mayo Zambada por lo que consideran una traición de Los Chapitos contra su padrino.
“La guerra se va a dar no sólo en Sinaloa, sino en todo el país donde hay presencia de esos cárteles”, me dijo un sinaloense que sabe de lo que habla.
¿Y el papel del gobernador?
Llegó al poder con el apoyo armado del cártel.
Mantuvo a un comandante de la Judicial, en activo, comisionado para auxiliar a Zambada en cuestiones de seguridad.
Es decir, quien tenía la obligación constitucional de detenerlo, le daba protección.
La protección a Zambada se pagaba con los impuestos de la ciudadanía.
El gobierno federal hacía la finta de buscar a Zambada, para detenerlo, mientras el gobernador lo cuidaba.
Acompañado de ese comandante llegó Zambada a la reunión en la que iban a estar el gobernador Rocha Moya, Cuén y un hijo del Chapo para zanjar las disputas entre ambos políticos.
El día del secuestro de Zambada y asesinato del exrector, el 25 de julio, el gobernador le pidió prestado el avión al empresario Jesús Vizcarra para salir del país.
En Culiacán, se llevaron al Mayo a Estados Unidos y mataron a Cuén.
No sólo a la justicia estorba el gobernador Rocha Moya, sino al presidente López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que le dieron su respaldo.