Con la reforma que desaparece al organismo autónomo Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y sus funciones las asume una nueva secretaría llamada Anticorrupción, el saqueo al dinero público perpetrado en el gobierno anterior quedará impune.
Cierto, las reformas en fase de aprobación en el Congreso son para centralizar poder y ocultar información a los ciudadanos cuando perjudique al gobierno y a su partido, pero también blindarán a los responsables de los mayores robos registrados contra la nación.
La titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, fue (y tal vez lo siga siendo) el brazo derecho de López Obrador cuando centralizó las compras del gobierno federal en la Oficialía Mayor de Hacienda, cargo que ocupó Buenrostro en el primer año de la pasada administración.
Buenrostro era la encargada de la compra –entre otras cosas– de medicinas, y la falta de oncológicos fue la causa de la muerte de cuando menos mil 700 niños en ese periodo, de acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), citado por nuestra compañera Lourdes Mendoza el 2 de agosto de 2021.
Ella es la encargada de la presidenta Sheinbaum de investigar y promover las sanciones contra la corrupción.
Nada de instituciones autónomas que informen datos desagradables al gobierno y a Morena, ni ciudadanos metiches que evidencien la corrupción de los ‘incorruptibles’.
Con las reformas que AMLO le encargó impulsar a Claudia Sheinbaum y a los congresistas de Morena nos quedaremos sin saber qué pasó en Pemex, donde se registró la mayor sangría de recursos públicos de la historia nacional.
Sí, lo que perdió Pemex lo perdió México y la población. Pero alguien ganó.
No nos salgan con el cuento de que el billón cuatrocientos mil millones de pesos ($1,400,000,000,000.00) que Hacienda le aportó a Pemex en el sexenio anterior, con dinero de los mexicanos, fue una ‘pérdida transparente'. Y ahí muere.
Como explicó en una exposición reciente el doctor Francisco Barnés de Castro, extraer 1.8 millones de barriles de crudo y condensados por día a lo largo de seis años no le dejó ni un centavo de renta petrolera al país. Y en cambio Pemex le debe a proveedores el triple de dinero que hace seis años.
¿Perdimos todos esas cantidades descomunales de dinero? Sí, perdió México.
Pero alguien ganó.
Se enriquecieron amigos, parientes, funcionarios y compadres.
¿No es verdad?
La encargada de investigar la corrupción en Pemex no es una entidad autónoma, ni la información está al alcance del INAI que van a clausurar, sino que esa tarea estará a cargo de Raquel Buenrostro.
No sólo fue dinero (cantidades billonarias), sino adulteraciones criminales perpetradas por funcionarios del gobierno pasado, donde la ahora secretaria Anticorrupción jugó un papel de primera línea.
Asesinaron a 12 personas en el hospital de Pemex en Villahermosa porque les inyectaron medicina barata, adulterada con plena conciencia de lo que hacían.
Rellenaron ampolletas de heparina sódica con material de tercera, contaminado, y lo suministraron a pacientes que se realizaron hemodiálisis. No todos resistieron la mezcla. Murieron 12. Esos crímenes, que publiqué en su momento, sucedieron en marzo de 2020.
¿Por qué el gobierno adulteró la medicina que había comprado? Ahí hay una corrupción criminal que se repitió durante la pandemia, en la que 234 mil personas que pudieron haberse salvado, murieron.
¿No fue por corrupción, únicamente negligencia criminal?
El gobierno anterior ya se exoneró, y el actual –si investiga– se va a investigar a sí mismo porque son los mismos personajes.
Se robaron hasta la leche subsidiada para los niños y los ancianos y ahora hacen reformas que impiden a los ciudadanos conocer qué hacen con el dinero que administran.
Había 5 millones 300 mil beneficiados con leche subsidiada Liconsa, que recibían 16 litros al mes cada uno.
Ya avanzado el cuarto año de gobierno, las nuevas autoridades de Segalmex encontraron que un millón 50 mil empadronados eran inexistentes.
Haga usted la cuenta de cuánto robaron, si un millón 50 mil niños y adultos mayores inexistentes recibieron durante cuatro años 16 litros de leche cada mes. Pagaron por el litro 3 pesos con 50 centavos, y su valor comercial era de 23 pesos el litro.
Las reformas que aprobará Morena en las cámaras del Congreso eliminarán el acceso público a la información y el gobierno se encargará de investigarse a sí mismo.
Si por algún desliz llega una denuncia incómoda ante un juez, también ahí hay un filtro político que garantiza impunidad a funcionarios de Morena.
Como lo evidencia el perfil de los sinodales seleccionados, para llegar a ser juez no importarán los méritos, sino la militancia política.
Impunes quedarán los autores y beneficiarios del quebranto petrolero, del sistema estatal de alimentos, y del dinero que desviaron de salud pública hacia quién sabe qué destinos.
(Esta columna surgió luego de saludar al señor que de vez en cuando pasa por la cuadra donde vivo, con dos cestas en los brazos, para vender verduras).
-Lo noto flaco, don Óscar (su nombre es real), ¿qué le pasó?
-Es el cáncer en el colon, que traigo. Y me cobran 25 mil pesos por la operación. ¿De dónde? Apenas sale para comer.
-No juegue don Óscar. Vaya a un hospital de la Secretaría de Salud, ahí no tienen por qué cobrarle.
-Fui, fui, pero me dicen que ellos no me pueden atender.
Y ese hombre, no mayor de 60 años, siguió calle abajo con sus verduras y su cáncer de colon.