Desde 2017 en México mueren asesinadas en promedio casi 100 personas al día. Esto ha hecho que desde hace años la preocupación por la seguridad se incremente entre la población, como lo demuestran todas las encuestas. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, seis de cada diez mexicanos consideran que la inseguridad es el principal problema del país. Esta percepción es peor aún en estados como Jalisco, entidad que tomaremos de ejemplo para analizar este problema. Aunque el gobernador Enrique Alfaro diga lo contrario, ocho de cada diez jaliscienses creen que su estado, su hogar, es un lugar inseguro.
Ante este escenario tan complejo, las autoridades tanto a nivel estatal como nacional han ejercido recursos insuficientes, los han ejercido mal e incluso, en ocasiones, los han puesto en beneficio del crimen organizado (basta con repasar un poco los cargos que se le fincan a García Luna en la Corte de Nueva York). Es decir, la prioridad que los mexicanos ponemos en la seguridad pública no se ha visto reflejada en un presupuesto público que sea suficiente para poner fin a la ola de violencia que vive todo el país.
Si bien es cierto que el presupuesto destinado a las unidades de seguridad pública federal, como la Guardia Nacional, ha llegado a sus máximos históricos, los apoyos destinados a las entidades federativas y municipios han caído sustancialmente. Uno de los casos más notorios es el de la eliminación del Fortaseg en 2021, un programa que tenía como objetivo apoyar a la profesionalización, certificación y equipamiento de los organismos de seguridad pública municipal. No parece que esta situación vaya a cambiar en el corto plazo, pues como parte de los compromisos derivados de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, se asignaron solo mil millones de pesos a las policías municipales, es decir, seis veces menos que lo que se asignaba al Fortaseg.
Sumado a ello, en la mayoría de los casos las entidades federativas no han emprendido esfuerzos acordes a la medida en que nos afecta la inseguridad. Para ejemplificar lo anterior, tomemos el caso de Jalisco, una de las entidades más inseguras del país que vive además una crisis de desapariciones: al finalizar 2021 el estado contaba con 2 mil 700 personas no localizadas.
Según información del Censo Nacional de Seguridad Pública 2022, conducido por el INEGI, Jalisco es una de las entidades que menos recursos ejerce en relación a su población: el presupuesto ejercido por la Secretaría de Seguridad de Jalisco en 2021 fue de 520 pesos por persona, es decir, cuatro veces menos que el de la Ciudad de México, tres veces menos que Yucatán y la mitad del de Nuevo León. Lo más grave es que el gobierno del estado no parece estar dispuesto a corregir esta situación.
El presupuesto asignado a las instancias de seguridad e impartición de justicia cayó de 2022 a 2023 en términos reales casi 1.0 por ciento, lo cual contrasta con un aumento de más de 10 por ciento en los recursos totales que tuvo el estado. A pesar del alza en los crímenes y de la creciente preocupación por la inseguridad, al incorporar la inflación al cálculo, el presupuesto que asignó este año el gobierno de Jalisco a la seguridad es menor que el de años anteriores.
Esta contrastante realidad nos obliga a actuar y exigir que el dinero público se ponga donde están las prioridades sociales. En los próximos días presentaremos desde Futuro, en Jalisco, una iniciativa que reconoce la urgencia de atender la crisis de inseguridad que atravesamos y que buscará garantizar que los recursos públicos invertidos para combatirla nunca sean menores que los del año anterior.