Aunque hay varias formas por las cuales las personas podemos recibir ingresos, como los intereses que nos generan nuestros ahorros o los programas sociales del gobierno, la fuente más importante de ingresos para las personas en el país viene del trabajo: nueve de cada diez hogares tienen un ingreso laboral. A pesar de esto, tener un empleo en México no da ninguna garantía para vivir de manera digna. Según datos de Precariedad en las alturas, un reporte reciente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la mitad de los trabajadores en el país son pobres.
Así es: los salarios en nuestro país son tan bajos que, a pesar de tener un trabajo de ocho horas, cinco o seis días a la semana (al cual se le dedica tiempo y energía que podríamos usar para estar con nuestra familia, amigos o descansando), muchas veces nos deja en la pobreza. La población trabajadora y pobre no tiene el dinero suficiente para adquirir muchos bienes considerados fundamentales en el día a día; menos aún para ahorrar lo necesario para, digamos, una vivienda. De aquí la importancia de discutir cómo mejorar los ingresos de los trabajadores del país.
Hay algunas respuestas contenidas en este mismo reporte que sin duda ayudarían a corregir este problema, como la de aumentar el poder de negociación de las organizaciones de trabajadores por medio del fortalecimiento de instancias como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Otra propuesta llamativa del documento tiene que ver con incrementar el salario mínimo a por lo menos el doble del valor de la línea de pobreza por ingresos definida por el Coneval, que para 2023 quedó establecida en 4 mil 300 pesos por persona. El salario mínimo mensual en 2023 es de 3 mil 150 pesos: mil 150 pesos por debajo de lo necesario para no estar en una situación de pobreza y muy lejos de los 8 mil 600 para alcanzar las dos líneas que se plantean.
Aunque hay que reconocer que en los últimos años se ha avanzado en acercar estas dos cifras, aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, para que las propuestas relacionadas al trabajo tengan un impacto más amplio, es necesario reducir el tamaño del sector informal, que en México alcanza a más de la mitad de los trabajadores. Con esta proporción tan grande de trabajadores fuera del sector formal, se hace difícil para el gobierno influir sobre sus salarios, o supervisar que las condiciones de trabajo estén en regla.
Además de estas, hay soluciones más agresivas por medio de las cuales el gobierno puede garantizar un cierto nivel de ingresos a sus habitantes, sin importar su estatus laboral. No obstante, la debilidad fiscal del país hace muy difícil implementar este tipo de medidas. Entre estas soluciones tenemos la instauración de un Ingreso Básico Universal, que ayudaría a complementar los ingresos de los trabajadores del país para garantizar que no caigan en la pobreza. Otra solución posible es que, como sugieren algunos economistas expertos en la materia, el Estado funja como empleador de última instancia para aquellas personas que quieren generar un ingreso adicional. Sin embargo, con los ingresos públicos actuales estas propuestas son inviables. Hace algunos años el CIEP calculó que dar a cada mexicano una renta equivalente a la línea de bienestar urbana nos costaría hasta un 20 por ciento del PIB, el país recauda en impuestos en torno a 17 por ciento de su PIB. Una reforma fiscal de fondo que nos permita recaudar más recursos públicos es necesaria también para implementar medidas como estas.
Por la importancia que tiene el trabajo en los ingresos de las personas, corregir los salarios tendría un impacto sustancial en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Más allá de estos efectos sobre el bienestar general, debemos observar que el trabajo es valioso en sí mismo y que quienes lo ejercen deben de tener una remuneración justa, que no quede al árbitro del mercado. Aunque puede haber distintas respuestas en torno a este nivel, habrá que coincidir en un solo punto: ningún trabajador debe ser pobre.