Todas y todos lo hemos visto: la crisis de vivienda que atraviesa nuestro país es compleja. Como tal, tiene que ser analizada y abordada desde diferentes aristas; no solo se limita a los millones de personas que viven en asentamientos irregulares o el alza de precios en las rentas y costo de las propiedades, otro aspecto que se suma a esta problemática es la cantidad de hogares en situación de rezago habitacional o hacinamiento.
Se considera hacinamiento cuando más de dos personas habitan un mismo espacio destinado para dormir. Para el estudio de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rezago Habitacional 2020: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el 26.6 por ciento de la población de nuestro país experimenta esta situación u otros riesgos; el mismo documento registra que 8 millones 867 mil 223 viviendas presentan rezago habitacional, por lo cual son urgentes las acciones de mejoramiento o ampliaciones. Esto se torna sumamente complicado cuando los ingresos solo ajustan para sobrevivir día tras día.
Para sumar más riesgos, también se tienen que considerar todas las viviendas que tienen materiales deteriorados; por ejemplo, en Jalisco, el estado en el que vivo, se contabilizan 11 mil 277 hogares con elementos dañados, esto puede llegar a generar un riesgo a la salud e integridad de las personas. Otras entidades también cuentan con decenas de miles de propiedades con daños considerables que afectan la calidad de vida de las y los inquilinos.
A la crisis también se suma la falta de impulso de la vivienda intraurbana. En el estudio de ONU-Hábitat, ‘La vivienda en el centro de los ODS en México: Seis orientaciones estratégicas’, señala que de los 2.2 millones de viviendas financiadas entre 2014 y 2017 en México, el 43.6 por ciento de ellas se encuentran en zona periférica y solo el 8 por ciento se localizaron en zonas urbanas con transporte público, parques; es decir, se financiaron cinco veces más viviendas en áreas sin calles y avenidas adecuadas, servicios básicos, escuelas u hospitales que en áreas con servicios públicos completos.
El mismo estudio de ONU-Hábitat plasma que en nuestro país existen alrededor de 85 mil hectáreas de suelo intraurbano subutilizado, espacio suficiente para la construcción de 3.3 millones de viviendas, las cuales serán indispensables para absorber el crecimiento de la población de 2017 a 2030.
Para contrarrestar la crisis de vivienda se requiere del esfuerzo de todos los niveles de gobierno y la participación de la sociedad organizada para luchar contra la especulación inmobiliaria. En 2023, Enrique Ortiz Flores publicó un artículo en la revista de vivienda del Infonavit en el que señala: “La prevalencia de dinero especulativo y el proceso para convertirlo en un activo financiero han encontrado en la compra de suelo, e incluso en su despojo, un campo fértil que ha llevado a su encarecimiento, con graves impactos en el acceso de los sectores de bajo y hasta ingreso medio a un lugar adecuado donde edificar su vivienda”.
En el texto también se plasma la necesidad de que el Estado y la sociedad civil organizada recuperen el control del suelo y su precio para poder garantizar un manejo equitativo, esto con la finalidad de generar lugares adecuados para que las personas puedan trabajar, divertirse, ir a la escuela y obtener servicios básicos.
La lucha por la vivienda en México seguirá, tiene que ser así con miras para lograr un país más justo, pero, sobre todo, atender las estimaciones para las siguientes dos décadas. La Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos, de 2016, señala que “la población urbana mundial prácticamente se duplicará para 2050″; esto nos hará enfrentarnos a problemas de sostenibilidad, infraestructura, alimentación, salud, seguridad e incluso empleos decentes.