La estadística es contundente: 14 millones de familias, que equivale a la mitad de la población mexicana, carece, en este momento, de las posibilidades económicas para comprar o construir una casa. Lo que debería ser un derecho, se convierte en una pesadilla para millones de personas en nuestro país al no contar con alguna seguridad en materia de vivienda. Es por ello que la propuesta de reforma al Infonavit se torna más que necesaria.
El pasado 6 de febrero de 2024 se presentó la propuesta que busca reformar la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política. Con ello se busca modificar el cómo Infonavit financia, pero también el poder ofrecer vivienda a un precio accesible para miles de personas; es decir, que el organismo no se limite solo a ofrecer financiamiento, el también pasar a ser un ente constructor y arrendador en beneficio de las personas trabajadoras.
El que el Infonavit construya vivienda y pueda rentarla podrá permitir precios competitivos, además de cuidar la economía de las y los mexicanos al ofrecer rentas que no excedan el 30 por ciento del salario del o de la trabajadora, esto garantiza que las personas puedan tener dinero suficiente para destinar a otras actividades o recursos necesarios. De lo más llamativo de esta propuesta es que las y los trabajadores podrán adquirir, después de 10 años de rentar, la vivienda en la que han formado su hogar.
Uno de los grandes retos a vencer con esta reforma al Infonavit es evitar los abusos, fraudes y corrupción en torno a las viviendas, tal como sucedió en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; los estragos de esos periodos los seguimos padeciendo en muchas de nuestras ciudades, tal como lo señaló Carla Escoffie, para Milenio Noticias, existe el registro de 600 mil viviendas abandonadas. En este punto existe otra oportunidad para el Infonavit: el poder construir viviendas de calidad, alejadas de los modelos de muchos años atrás que eran motivo de rechazo e incluso de burlas, además de tener la posibilidad de construir viviendas en zonas urbanas con el acceso a todos los servicios públicos.
De los posibles beneficios de esta propuesta de reforma es la apuesta a la disminución en los precios de compra de viviendas. En palabras del director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, se prevé una baja del 18 por ciento en los precios en la adquisición de inmuebles. Martínez Velázquez también informó que esta iniciativa no compromete un mayor presupuesto al instituto para cumplir las nuevas facultades, este derivado del alza en el salario mínimo, además de la promesa de un programa de eficiencia operativa.
Conviene señalar que esta propuesta es un primer paso, no puede ni debe detenerse ahí. Máximo Jaramillo, investigador universitario y cofundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), ha señalado que la iniciativa solo ofrece los beneficios de vivienda a las personas trabajadores en el sector formal, cuando en diciembre de 2023 se reportó que existen 59.1 millones de personas con trabajo en nuestro país, pero solo 22 millones de ellas están dadas de alta en el IMSS, lo que les da la oportunidad de acceder a los beneficios del Infonavit.
Queda mucho por hacer, eso es claro, sobre todo para los gobiernos municipales y estatales. En Jalisco, la diputada local, Susana de la Rosa, presentó la propuesta #FuturoConHogar, una iniciativa que, precisamente, busca la creación de un nuevo instituto estatal de acceso a la vivienda.
Esta propuesta de ley contempla que jóvenes, mujeres víctimas de violencia y adultos mayores puedan contar con una vivienda, construida y rentada por la autoridad estatal, garantizando un ambiente sano y, sobre todo, seguro para todas y todos.
La iniciativa no se limita a la creación de vivienda comunitaria, también buscaría apoyar a las y los estudiantes universitarios con una cantidad monetaria para rentar una vivienda, lo que les permita iniciar su vida independiente.
Retomando a Carla Escoffie, todos los congresos locales tienen las facultades para crear legislaciones a favor de las y los inquilinos, de regular todo régimen de arrendamiento. Eso tendrá que ser parte fundamental de la lucha por la vivienda digna en los próximos años, el exigirle a nuestras diputaciones locales las medidas necesarias para que toda persona y familia de nuestro país cuente con el derecho de un hogar.