Hace una semana, el gobierno federal anunció una nueva reforma laboral a favor de las y los trabajadores de plataformas digitales, que incluye acceso a derechos laborales de que todas las personas que trabajan dentro de la formabilidad gozan, como lo es el acceso a instituciones de salud o créditos para la obtención de una vivienda.
Antes de profundizar en los detalles de la reforma, me parece importante hablar de cómo estas plataformas llegaron a nuestro país y bajo qué circunstancias, porque lo que vemos con la reciente reforma presentada por la Presidenta es un avance para los derechos de los trabajadores, malamente conocidos como ‘socios’.
Fue en 2015 cuando estas aplicaciones de entrega llegaron a México, bajo esta oleada de disrupciones tecnológicas conocida coloquialmente como ‘uberización’, término que refiere a la generación de nuevos servicios y trabajos gracias a las innovaciones tecnológicas, uniendo al consumidor con su necesidad a través de una aplicación. Sin embargo, en muchas de estas empresas nuevas el modelo de negocio no contemplaba el reconocimiento formal de sus trabajadores.
Si bien ya llevaban varios años en el mercado, la popularidad de las aplicaciones de entrega creció entre 2019 y 2022, debido mayoritariamente al periodo de confinamiento por la pandemia, con un aumento en más del 100 por ciento entre sus usuarios. Ahora bien, el crecimiento que han tenido ha sido para el beneficio de estas empresas, pues en una semana, un repartidor de aplicación percibe alrededor de 2 mil 85 pesos, por un promedio de entre 46 a 48 horas trabajadas y la propina representa aproximadamente el 50 por ciento de sus ingresos.
Y no solo se enfrentan al reto del salario, además de esto, los repartidores tienen riesgos de asaltos y el peligro constante en la vialidad y, como sabemos, con nulo respaldo por parte de las plataformas. Sumado a esto, no existen protocolos claros de acoso contra las repartidoras. La mayoría de los socios deben adquirir su propio equipo y medio de transporte. En resumen, al ser un modelo que presenta a los repartidores como ‘socios’ independientes, las plataformas evaden sus responsabilidades sociales y laborales hacia estos trabajadores.
Por eso esta reforma es tan importante, pues cambia un modelo de explotación y no reconocimiento laboral por un contrato justo. Se calcula que beneficiará a 658 mil personas, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las cuales alrededor del 41 por ciento ganan lo equivalente a un salario mínimo o más.
Con esta iniciativa, la presidenta de México busca revertir este modelo por uno donde exista un piso parejo y justo para beneficiar a los repartidores de aplicación, quienes obtendrán contratos claros, flexibilidad de horarios, así como:
•Seguridad social, lo que incluye cobertura en riesgos de trabajo, enfermedades, incapacidades, pensiones y guarderías. Además, podrán acceder a créditos del Infonavit.
•Seguro contra accidente: en caso de un accidente, la plataforma en la que se esté trabajando será responsable de cubrir la atención y el aseguramiento.
•Derecho a desconexión, importante porque ahora los periodos en los que los repartidores se desconecten del trabajo deberán ser gestionados por las personas trabajadoras y no por algoritmos de las plataformas.
Si bien la economía digital ha transformado nuestra vida cotidiana, el modelo de negocios de las plataformas de entrega no puede seguir avanzando a costa de la precariedad de sus trabajadores. Ignorar las necesidades de seguridad y derechos básicos de los repartidores es no solo una injusticia, sino una amenaza al bienestar de quienes sostienen con su esfuerzo este servicio esencial.
La regulación y la responsabilidad por parte del gobierno y el empresariado deben ser vistas como motores de un cambio necesario, que permita a los trabajadores ejercer sus labores en condiciones dignas y justas. A fin de cuentas, una sociedad que tolera la desprotección de sus trabajadores más visibles y vulnerables está en riesgo de perder el sentido de justicia y solidaridad que la sostiene.