Todo indica que la militarización de la seguridad pública avanza a pesar de ser inconstitucional y de las muchas objeciones serias que se han manifestado a esa estrategia para combatir a la criminalidad que azota al país. Una vez aprobada la reforma legal que traslada la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena ahora asistimos a un momento ulterior en el que, ahora sí mediante una reforma a la Constitución, se pretende extender la estrategia militar hasta el año 2029. El panorama da pie para diversas reflexiones.
En primer lugar merece la pena reiterar el problema de la inconstitucionalidad de la primera decisión y de los acuerdos o decretos que la precedieron. La litigiosidad nacional e internacional que anuncian es problemática en todas sus aristas. No solo anticipan una derrota jurídica del gobierno y del Poder Legislativo sino, eventualmente, prefiguran responsabilidades del Estado mexicano. De paso, si se aprueba la prolongación, se introduciría una aporía (contradicción) al interior de la Constitución.
Además está el problema de la misma prolongación temporal de la política de seguridad militarizada. Comenzó con Fox, se profundizó con Calderón, se mantuvo con Peña Nieto y se ha consolidado con el gobierno actual. Ahora buscan prolongarla prácticamente durante todo el mandato de la futura presidencia. Ello implicaría, primero, un cuarto de siglo con esa política por decir lo menos cuestionable y, de paso, una imposición transexenal que condicionaría las decisiones del futuro gobierno en tan delicada materia. De esta forma una decisión gubernamental se transformará en una política de Estado. Existe un interesante reporte de Integralia que reconstruye las etapas de este delicado deslizamiento.
Para colmo, por si no bastara su despliegue territorial, incremento presupuestal y ampliación de mandato, las corporaciones militares han venido explayándose hacia el debate político. El titular de la Sedena hace algunos días recriminó que las Fuerzas Armadas llevaban años pidiendo un marco legal que sustentara su incursión en tareas de seguridad pública. Eso es cierto. Pero también lo es que en el sexenio anterior se los otorgaron –Ley de Seguridad Nacional– y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional. No podía ser de otra manera. La Constitución es clara al respecto en sus artículos 21 y 129. Esa situación no ha cambiado. Si se quiere superar ese obstáculo normativo es necesario modificar la Constitución.
Pero además, el día de ayer el mismo funcionario ha deslizado una advertencia a las personas críticas de esa política. Lo ha hecho en términos intimidantes. Su llamado a “discernir” –”distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas” (RAE)– a quienes critican la militarización, viniendo de que quien viene, es ominosa. No solo pretende zanjar un debate público de la máxima relevancia con un argumento de autoridad falaz sino que constituye una advertencia intimidante. Lo hace desde una posición de poder apabullante. De ahí la gravedad del dicho.
Nadie puede negar la crisis de seguridad que atravesamos ni la fragilidad de las instituciones civiles de procuración de justicia para encararla. El problema reside en que esa debilidad es el resultado de decisiones políticas concretas. La principal de ellas es, precisamente, la apuesta por la estrategia militar. Así que estamos atrapados en un círculo vicioso: no tenemos autoridades civiles porque no las hemos construido y no lo hemos hecho porque nos hemos militarizado. Para colmo de males estamos en la víspera de una decisión que impediría al próximo gobierno romper la inercia.
Pd. El martes 6 de septiembre a las 10:00 am entró en funciones la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Dra. Mónica González Contró, designada la noche anterior por la Junta de Gobierno de la UNAM. La noticia fue recibida con un aplauso cerrado de su comunidad en el auditorio Héctor Fix Zamudio. Estoy seguro que tendrá una gestión ejemplar. Le deseo el éxito que merece.