Invento un caso calamitoso.
El Congreso de la Unión aprueba sin discusión por mayoría simple, después de haber roto todas las reglas, plazos y procedimientos establecidos, una ley que viola nuestros datos personales, restringe nuestra libertad de expresión y pone en riesgo nuestra integridad física. Se trata de una pieza legislativa plagada de evidentes inconstitucionalidades.
Es una legislación que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir nuestros aparatos electrónicos —teléfono, tabletas, computadoras personales—, difundir los datos contenidos en ellos y toda la información de nuestras búsquedas en la red, así como las conversaciones privadas que hemos tenido; de paso, permite bloquear nuestros mensajes en las redes sociales y exponer nuestras operaciones bancarias. Es la antesala de un Estado autoritario.
Los colegios de abogados, las asociaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y miles de personas presentan recursos de amparo ante la justicia federal para combatir esa ley draconiana. Los juzgados reaccionan y, por lo pronto, otorgan suspensiones para que la endiablada legislación no genere afectaciones. Pero la legislación es válida y sigue vigente.
Por lo mismo, un grupo de senadores de oposición y tres comisiones de derechos humanos estatales, presentan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pretensión es clara y es válida: esperan que las ministras y ministros analicen el asunto, estudien la constitucionalidad de la legislación y la declaren inconstitucional por razones de forma y fondo.
Las violaciones a la Constitución de la República son tan escandalosas que se espera una votación unánime de once jueces constitucionales. En las facultades de derecho de todo el país, la ley se usa como ejemplo para enseñar a las futuras generaciones de juristas cómo debe aprobarse una legislación, qué son las violaciones a la Constitución y por qué no es válido un acto legislativo que violenta los derechos de las personas.
A pesar de los vientos autoritarios que azotan al país y que embandera el gobierno y su mayoría legislativa, la ciudadanía, mira con esperanza —y cierta tranquilidad confiada— a las personas juzgadoras y, en particular, a las ministras y ministros de la Corte constitucional. “Su misión —se escucha explicar en la radio y la televisión a las voces expertas en derecho— es custodiar la Constitución y declarar la invalidez de una ley que viola nuestros derechos humanos, por más que haya sido aprobada por una mayoría legislativa legítima; para eso está la justicia constitucional”.
El ambiente político es denso, pero, dado que existen diversos precedentes en los que la justicia ha hecho su tarea, se puede confiar en la Suprema Corte. Pero llega el día de la sesión en la que se estudiará el asunto y vienen las sorpresas. Cuatro integrantes de la Corte constitucional, personas cercanas y afines al gobierno nacional, con argumentos balbuceantes y retóricas leguleyas, votan a favor de la legislación. Es una victoria del poder sobre el derecho.
Es menester recordar una (absurda) regla vigente en México: para que una ley sea declarada inconstitucional es necesario el voto de ocho de las once magistraturas constitucionales. Así que cuatro votos es una minoría suficiente para bloquear la declaratoria de inconstitucionalidad. El zafio gobierno y sus obsequiosos legisladores aplauden entusiastas el voto fiel de las cuatro magistraturas rendidas. El autoritarismo muestra su dentadura sonriente.
Describo las posibles consecuencias jurídicas de esta ocurrencia distópica.
Ese despropósito con la legislación vigente hasta el día de hoy sería grave pero no catastrófico. Las reglas constitucionales y legales vigentes permiten que un desastre como el descrito pueda suceder, pero los amparos que ya fueron presentados seguirían su curso y sería posible que más personas se ampararan a pesar de los cuatro votos gobiernistas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera previsible, tarde o temprano, a fuerza de amparos, la ley autoritaria sería derrotada por juzgados, tribunales e, incluso, por la propia Corte.
Pero un diputado de Morena —y podemos suponer que muchos más legisladores de su partido— quiere cambiar las reglas. Ha presentado una iniciativa que podría aprobarse en estos días para cerrar la puerta al salvoconducto judicial. Su aviesa intensión pretende que cuatro votos en la Corte sean suficientes no solo para bloquear una declaratoria de inconstitucionalidad de una ley —como sucede actualmente— sino para impedir que esa legislación pueda combatirse por otros medios. Para decirlo en corto: su propuesta pretende dejarnos en estado de absoluta indefensión. Si las mayorías políticas violan la Constitución y aprueban una ley draconiana, con cuatro votos en la Corte, se blindaría el ultraje.
Eso es lo que está en juego hoy en el Congreso de la Unión. Una verdadera ‘aberración’ de iniciativa —como la calificó el ministro en retiro José Ramón Cossío— que puede arrojarnos a las fauces del gobierno y de su mayoría legislativa.
PD. Para colmo, en caso de aprobarse, la reforma misma sería inconstitucional y tocaría a la propia Corte —por fortuna con las reglas vigentes hoy en día— invalidarla.